Fiscal dice Lockward quiere que jurisdicción administrativa sustituya a la penal en investigación

La fiscal Rosa Alba García señaló este viernes que han sido infructuosas las estrategias de la defensa del abogado Ángel Lockward por debilitar la investigación en su contra, hecho que se evidencia en su empeño por llevar al Tribunal Superior Administrativo (TSA) elementos que se deben conocer en la jurisdicción penal.

“La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), vino lista para conocer la demanda en nulidad, misma que entiende es improcedente”, dijo Alba García al hablar con la prensa a su salida de la Primera Sala Tribunal Superior Administrativo, donde se conoce el proceso.

“El tribunal rechazó una solicitud de medida cautelar planteada por el licenciado Ángel Lockward respecto del documento que se pretende atacar por ante esta jurisdicción, que como nosotros hemos dicho, y ya le hemos planteado al tribunal, están trayendo a sede administrativa una cuestión que se debe decidir ante la jurisdicción penal, con lo que procura debilitar la investigación que está en curso”, indicó la litigante, quien estuvo acompañada del titular de la Pepca, Wilson Camacho.

Alba García destacó que quedó evidenciado que ese es el firme objetivo que persigue la defensa de Lockward con esta demanda en nulidad del informe, desmeritar y debilitar la investigación, “razón por la cual también el tribunal rechazó esa solicitud cautelar”.

La fiscal de la Pepca sostuvo que el informe recibido desde la Unidad Antifraudes de la Contraloría General de la República cumplió con el proceso requerido y el Ministerio Público ha actuado conforme a su competencia.

“Este documento ha sido remitido por la vía correspondiente al Ministerio Publico, que, en el ejercicio de sus competencias legítimas, ha hecho uso del documento en la sede penal, que es donde no quiere ir la parte demandante a discutir la validez de ese documento”, puntualizó Alba García.

El informe rendido por la Unidad Antifraude de Contraloría General de la República en septiembre del 2021, establece que los investigados estafaron al Estado con más de 17 mil millones de pesos a través de expropiación de compra-venta de terrenos.

El tribunal, integrado por los jueces Alina Mora, Cecilia Badia y Willy Núñez, a solicitud de una de las partes aplazó la audiencia para el próximo 17 del presente mes.