Entre los casos que conoce el Primer Tribunal están la del coimputado Adán Benoni Cáceres Silvestre, la quiebra financiera Oriental, y mantiene activos alrededor de 50 procesos
Justicia09 de mayo de 2025
El Primer y Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional quedaron excluidos de manera temporal del sorteo aleatorio de expedientes a fin de avanzar en la resolución de los casos complejos de los que se encuentran apoderados.
En el caso del Primer Tribunal Colegiado, quedó excluido por un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del 6 de mayo de 2025; mientras que, para el Segundo Tribunal, se realizarán revisiones periódicas que permitirán evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos, y así determinar el momento oportuno para la reincorporación al sortero aleatorio, garantizando así una transición organizada y eficiente.
La presidenta de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, magistrada Ingrid Soraya Fernández Méndez, tomó ambas decisiones mediante auto motivado, debido a que esos tribunales están apoderados de una cantidad significativa de procesos complejos.
Entre los casos que conoce el Primer Tribunal están la del coimputado Adán Benoni Cáceres Silvestre, la quiebra financiera Oriental, y mantiene activos alrededor de 50 procesos, varios de los cuales requieren múltiples jornadas de audiencia.
Mientras que los casos que conoce el Segundo Tribunal se encuentran el seguido a Alexis Medina Sánchez y demás imputados, Costa Dorada, Pascual Cabrera, Money Free y el seguido al exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás coimputados.
La decisión se toma entendiendo que los casos complejos demandan jornadas extendidas de audiencia por la multiplicidad de imputados y extensa cantidad de pruebas, lo cual limita la posibilidad de conocer otros casos durante la semana.
Esta medida permitirá optimizar la carga procesal, lograr la gestión eficiente de dichos procesos y equilibrar la distribución de nuevos expedientes entre los demás colegiados, garantizando así la continuidad y eficiencia en la administración de justicia.
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Los fiscales investigadores José Manuel Calzado y Manuel Santiago Castro Lora concluyeron su investigación, afirmando contar con "medios probatorios firmes y creíbles" para que los jueces admitan la acusación y establezcan las sanciones correspondientes.
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