Wilson Camacho: el caso Antipulpo debe ir a juicio para discutir la enorme cantidad de pruebas

El procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo la noche de este lunes que el caso Antipulpo debe ir a juicio, a fin de que se discuta en detalle la enorme cantidad de pruebas que ha presentado el Ministerio Público contra Alexis Medina Sánchez y los demás acusados de sustraer miles de millones de pesos al Estado.

“Hoy estamos cerrando la audiencia preliminar de Operación Antipulpo y, como hemos dicho desde el primer día, en este proceso, desde la medida de coerción, nosotros estamos diciendo que hemos presentado ante los tribunales un proceso blindado”, reiteró Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En respuesta a periodistas que cubren la fuente judicial, insistió, al concluir la audiencia, que el caso debe ir a juicio y llevar a una sentencia condenatoria.

“La propia forma como las defensas se han visto limitadas en la respuesta que han dado a la acusación, sustentándose en argumentos frente a la posición del Ministerio Público que, con lujos de detalles, incluso en nuestras réplicas, así como para que se pueda contar con peras y con manzanas, le presentamos al juez las razones más que suficientes para que este proceso termine en juicio y en juicio deberá terminar el mismo con una sentencia condenatoria”, expresó.

Dijo esperar que el próximo 7 de febrero, cuando el tribunal rinda la decisión, sea un auto de apertura a juicio.

La audiencia por razones de espacio se celebró en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Además de Camacho, el Ministerio Público estuvo representado por Elizabeth Paredes y Ernesto Guzmán Alberto.

El juez Deiby Timoteo Peguero fijó la lectura del fallo para el martes 7 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana.

El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.

También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.

La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.

El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.

Del principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.

Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.

Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.

También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.

En el transcurso del proceso cuatro imputados de este caso realizaron acuerdos con el Ministerio Público, lo cual permitirá al Estado recuperar más de 200 millones de pesos en bienes.