SANTO DOMINGO, RD
El procurador adjunto Wilson Camacho ponderó el trabajo contra la impunidad que viene realizando el equipo que encabeza en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y ponderó la fortaleza de las investigaciones y la litigación de todos los procesos abiertos junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
“Ya llevamos casi un año realizando un trabajo incansable para combatir la impunidad y la corrupción. Estamos satisfechos de la solidez de las investigaciones y de la dedicación al litigio efectivo de los fiscales en los casos de corrupción”, sostuvo Camacho.
El equipo de fiscales de la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, acudió a los tribunales la semana pasada en audiencias de los casos de corrupción relativos a Odebrecht, OMSA y Los Tres Brazos, así como los surgidos a raíz de las operaciones 13 y Coral.
Los miembros del Ministerio Público, que siguen la línea de la lucha contra la corrupción y la impunidad trazada por la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito, continúan realizando decenas de diligencias de investigación de los cientos de casos abiertos.
Esta semana, los fiscales volverán a los tribunales para comparecer este lunes en el juicio que se sigue contra los seis imputados por corrupción, cobro de sobornos y lavado de activos del Caso Odebrecht.
Mientras que el martes, 31 de agosto, están preparados para acudir a la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para la audiencia de revisión de medida de coerción contra los imputados del Caso Medusa, un expediente de corrupción y lavado de activos encabezado por el exprocurador general Jean Alain Rodríguez y varios de los cercanos colaboradores de su gestión.
Rodríguez guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-20) Najayo San Cristóbal, al igual que los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Josel Rodríguez Imbert.
El Ministerio Público ha recabado múltiples pruebas que siguen blindando las imputaciones iniciales y abren nuevas líneas de investigación en la Operación Medusa, un caso en el que cada vez surgen más evidencias del entramado de corrupción que encabezó el exprocurador general.
Los órganos de persecución del Ministerio Público acumulan pruebas que van desde grabaciones hasta cheques con conceptos disfrazados utilizados en los procesos de contrataciones públicas irregulares para el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, en el que los contratistas eran obligados a devolver bajo acuerdo en algunos casos, presión y chantaje en otros, incluso con transacciones bancarias, cuantiosas sumas de dinero en sobornos de los mismos pagos que les hacía la gestión de Jean Alain Rodríguez.
Los imputados del Caso Medusa realizaban licitaciones irregulares en las que se abrían los sobres de los oferentes previamente, se les facilitaban los precios a oferentes que participaban en procesos de compras por comparación de precios para que conocieran las tarifas de sus competidores y pidieran ser los seguros ganadores. En ese esquema de corrupción se sabía de antemano a quiénes se iba a beneficiar.
A uno de los suplidores, por ejemplo, se le solicitó subir los precios del aprovisionamiento del bien mueble para los privados de libertad en RD$62 millones, para llevarlo a entrar en un juego de extorsión en el que el exprocurador Rodríguez y los coimputados de su entorno exigían y cobraban sobornos de una manera burda.
Las transacciones de los sobornos de suplidores con los implicados en la red de corrupción y lavado de activos desmantelada con la Operación Medusa incluyen además robo de identidad y un esquema de falsificaciones de documentos realizados desde la misma Procuraduría General de República, lo que se hacía como parte de una maniobra fraudulenta para estafar al Estado distrayendo fondos millonarios de los contribuyentes.
De acuerdo con el diario español Theobjetive.com, esas declaraciones las habría revelado Víctor de Aldama, vinculado al caso de corrupción, ante el juez Ismael Moreno el jueves.
El funcionario sostuvo que desde el Intrant se han respondido todas las inquietudes y solicitudes de la DGCP sobre este proceso,
Blinken resaltó que las inversiones que se realizan a través de la USAID en este sentido, les ha permitido luchar en este último año
ernando Collor de Mello gobernó desde 1990 al1992
Vargas, de 49 años, aceptó más de 15.000 dólares en sobornos en efectivo de una empresa de construcción y del propietario de una empresa de recogida de basuras.
Puntualizó que la falta de justicia ante décadas de corrupción administrativa es uno de los grandes reclamos de la sociedad dominicana,
El especialista en medicina reproductiva difunde en plataformas como Univisión y Telemundo las oportunidades que ofrece el país en fertilización asistida y preservación de la fertilidad.
Según National Geographic, esta respuesta del organismo puede alterar el sueño, acelerar la frecuencia cardíaca y debilitar las defensas inmunológicas.
Enmanuel Gálvez, el regidor más votado de Pedro Brand, junto a coordinadores de salud y otros líderes del PRM y PLD, pasan a las filas de la FP para impulsar a la organización hacia la presidencia.
El mandatario resaltó inversiones en transporte, infraestructura vial, salud y turismo, enfatizando el impacto en la calidad de vida y el desarrollo económico de la provincia.
Los republicanos tienen en el Senado 53 de los 100 escaños, por lo que no pueden perder más de tres votos
El presidente del Partido de la Liberación Dominicana reafirmó el compromiso social de la organización y anunció que el Comité Político analizará la reciente sentencia del TSE.
Durante la marcha pacífica manifestaron que la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) no les ha informado sobre la instalación de aulas móviles en el plantel
Reiteraron su compromiso de continuar dando respuesta concreta a las demandas ciudadanas de mayor transparencia y fortalecimiento institucional.
El propósito de la visita fue monitorear el cumplimiento del protocolo de atención a pacientes extranjeras en los servicios de salud, uno de los aspectos incluidos en las medidas migratorias puestas en marcha por el Gobierno.