El presidente Luis Abinader presentó este lunes la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), un plan para combatir la corrupción, promover la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en la administración pública.
En el marco de esta estrategia, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) trabajan en una campaña denominada “Protegiendo lo Nuestro”.
Su objetivo es instruir a funcionarios, empleados y a la ciudadanía en la prevención, detección y denuncia de actos de corrupción.
Como parte de esta iniciativa, se ha habilitado un portal para realizar denuncias de forma anónima: www.denunciaspepca.pgr.gob.do.
La ENIP se estructura en cuatro pilares fundamentales, prevención de riesgos de corrupción, Instituciones más abiertas, éticas y responsables, mayor transparencia con control y rendición de cuentas, cumplimiento de estándares internacionales.
A su vez, la estrategia se desglosa en seis ejes de acción, transparencia y Gobierno Abierto: Impulso al acceso a la información, fortalecimiento del marco institucional y procesos participativos apoyados en la transformación digital.
Calidad Democrática: Garantía de procesos electorales íntegros, regulación del financiamiento político y fortalecimiento de las instituciones de control.
Administración y Servicios Públicos: Profesionalización y meritocracia, formación obligatoria en ética e integridad y fomento de una cultura organizacional que promueva la denuncia segura.
Contrataciones y Alianzas Público-Privadas (APP): Procesos de compras transparentes y sostenibles, prevención de conflictos de interés e igualdad de oportunidades para proveedores.
Control y Fiscalización de Recursos Públicos: Modernización de los mecanismos de control interno y externo, monitoreo con indicadores de eficiencia y transparencia, y uso de tecnología para una fiscalización oportuna.
Integridad en la Justicia y Lucha contra la Impunidad: Implementación de un sistema de denuncias protegido, fortalecimiento de la persecución penal, sanción a la corrupción y recuperación del patrimonio público.
La corrupción es un delito autónomo y sus sanciones
El presidente Abinader destacó que, por primera vez en la historia del país, el nuevo Código Penal reconoce la corrupción como un delito autónomo (artículo 284), lo que permite sancionar cualquier conducta que afecte los bienes del Estado.
Durante el programa "La Semanal con la Prensa", el jefe de Estado detalló los principales tipos penales y sus sanciones:
Delitos en contrataciones públicas: Otorgamiento irregular de contratos, alteración de precios, pagos por obras inexistentes, ser beneficiario de un contrato u omitir información.
Las penas son de 3 a 10 años de prisión, inhabilitación para funciones públicas por al menos cinco años, multas y devolución de los fondos.
Peculado, desfalco, concusión, prevaricación y coalición de funcionarios: Sanciones de 3 a 10 años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, multas del doble de lo sustraído y el pago de 20 a 60 salarios mínimos.
Responsabilidad penal de las empresas: El soborno transnacional y la participación en actos de corrupción cometidos por funcionarios conllevan multas de hasta 200 salarios mínimos, prohibición de contratar con el Estado por un máximo de 10 años, decomiso de bienes y cancelación de licencias.
Enriquecimiento ilícito y omisión en declaraciones juradas: Prisión de hasta 10 años, decomiso de bienes ilícitos, inhabilitación para cargos públicos y el pago de 20 a 60 salarios mínimos.
Manipulación de pagos y obras públicas, soborno, tráfico de influencias, abuso de funciones y uso indebido de información privilegiada: Penas de prisión, multas, devolución del dinero y sanciones administrativas.
