El exprocurador general de la República Francisco Domínguez Brito solicitó este jueves al presidente Luis Abinader ordenar una investigación independiente sobre las muertes de ciudadanos durante actuaciones policiales y la posible existencia de una estructura criminal que estaría buscando monopolizar el microtráfico de drogas en el país.
En una carta pública dirigida al mandatario, fechada el 22 de octubre de 2026, Domínguez Brito manifestó su preocupación por el incremento de muertes de personas presuntamente vinculadas al microtráfico, muchas de las cuales, según señaló, son presentadas como resultado de supuestos intercambios de disparos con agentes policiales.
Advirtió que, aunque no afirma que exista una estructura de esa naturaleza, considera necesario investigar si algunas de esas muertes pudieran estar siendo utilizadas para eliminar competidores del mercado de las drogas y facilitar que una sola organización criminal concentre progresivamente el control de la venta de cocaína y marihuana en el territorio nacional.
“De confirmarse esta hipótesis, estaríamos ante una de las amenazas más peligrosas para la seguridad nacional y el Estado de derecho que hayamos tenido”, expresó el exfuncionario en la misiva.
Domínguez Brito sostuvo que las coincidencias entre distintos acontecimientos deben ser examinadas por las autoridades, al considerar que la repetición de hechos y la existencia de posibles patrones pueden aportar elementos relevantes para las investigaciones.
Indicó que en los últimos meses se han registrado muertes de personas presuntamente vinculadas al microtráfico en distintas provincias y en el Gran Santo Domingo, en circunstancias que, a su juicio, ameritan un examen exhaustivo.
También cuestionó que en las informaciones sobre algunos de esos casos las víctimas sean identificadas mediante apodos o nombres incompletos, sin suficientes datos que permitan conocer sus antecedentes judiciales y dar seguimiento a los procesos correspondientes.
Solicita comisión especial de fiscales
Ante la gravedad de sus planteamientos, el exprocurador solicitó al presidente Abinader promover la conformación de una comisión especial integrada por fiscales de alto nivel, bajo la dirección del Ministerio Público, así como una comisión externa de la verdad que contribuya a garantizar la transparencia del proceso.
Propuso que las investigaciones se concentren en dos aspectos fundamentales.
El primero consiste en esclarecer las muertes ocurridas durante actuaciones policiales, con el propósito de determinar si hubo ejecuciones extrajudiciales o patrones de eliminación selectiva de personas vinculadas al microtráfico.
El segundo busca establecer si existe una estructura criminal que pretenda concentrar el mercado nacional de drogas al detalle y si miembros de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) u otros organismos de seguridad pudieran estar participando, brindando protección o facilitando sus operaciones.
Domínguez Brito consideró necesario determinar quiénes pasan a controlar los puntos de venta de drogas después de la muerte de sus presuntos responsables, quiénes obtienen beneficios económicos y si existen vínculos entre los encargados de determinados operativos policiales y las organizaciones que posteriormente ocupan esos territorios.
Advierte sobre antecedentes de corrupción policial
En su comunicación, el exprocurador recordó casos y denuncias del pasado relacionados con presuntas redes de protección policial y militar a organizaciones dedicadas al narcotráfico, particularmente en la región del Cibao.
Mencionó a agentes y figuras conocidos por sus apodos, a quienes vinculó con antecedentes de este tipo de prácticas, y sostuvo que las denuncias sobre cobros ilegales, protección a puntos de venta de drogas y muertes por encargo constituyen motivos adicionales para examinar la situación.
A su entender, la preocupación actual radica en la posibilidad de que esas prácticas, de existir, evolucionen hacia una estructura de alcance nacional con capacidad para controlar el mercado de drogas y utilizar a integrantes de los organismos de seguridad para eliminar a quienes se resistan a su dominio.
El exfuncionario advirtió que una eventual concentración del negocio ilícito bajo una organización con protección institucional representaría un riesgo grave para la seguridad ciudadana y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
La lucha contra la delincuencia no puede justificar las ejecuciones
Domínguez Brito afirmó que el combate contra la delincuencia y el narcotráfico debe desarrollarse dentro del marco de la ley y con pleno respeto al Estado de derecho.
“La lucha contra la delincuencia no puede justificar las ejecuciones extrajudiciales ni el desconocimiento del Estado de derecho”, sostuvo.
Asimismo, alertó sobre las consecuencias sociales del microtráfico, al señalar que este negocio ilícito genera violencia, corrompe instituciones y afecta a jóvenes y familias dominicanas.
El exprocurador insistió en que sus planteamientos constituyen una hipótesis que debe ser comprobada mediante una investigación rigurosa e independiente, no una afirmación de hechos ya demostrados.
Por ello, exhortó al mandatario a impulsar las acciones necesarias para esclarecer las circunstancias de las muertes denunciadas y descartar o confirmar cualquier posible conexión entre actuaciones policiales y el control territorial de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
“Pero si grave es que se esté matando al margen de la ley, mucho más grave sería que esas muertes estuvieran sirviendo para construir, desde sectores de los propios organismos de seguridad del Estado, la estructura criminal más poderosa de la historia dominicana”, advirtió.
Concluyó que la gravedad de los hechos denunciados exige una respuesta oportuna de las autoridades para establecer la verdad, determinar posibles responsabilidades y evitar que cualquier actuación ilegal comprometa la lucha contra el narcotráfico y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
