Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo fijaron la próxima audiencia para el martes 25 de noviembre, a las 9:00 de la mañana. Para esa fecha, se habrán cumplido 32 días desde el inicio del primer receso del proceso.
JusticiaHace 1 hora
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazò por quinta ocasión el conocimiento del juicio de fondo seguido al mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y a los demás acusados en la compleja trama de corrupción conocida como Caso Coral y Coral 5G.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo fijaron la próxima audiencia para el martes 25 de noviembre, a las 9:00 de la mañana. Para esa fecha, se habrán cumplido 32 días desde el inicio del primer receso del proceso.
La decisión de posponer nuevamente el juicio se tomó debido a la presentación de un certificado médico de 45 días por parte de la defensa de Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep). Este certificado fue depositado ante el tribunal el pasado 23 de octubre.
En el mes de octubre, la defensa de Cáceres Silvestre también buscó, sin éxito, que el expediente de su cliente fuera desglosado del juicio principal que se sigue contra todos los procesados por corrupción administrativa.
Posición del Ministerio Público
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), reafirmó la firmeza del Ministerio Público en su objetivo de lograr sanciones ejemplares contra los acusados.
Pérez Fulcar destacó que la institución ha presentado más de 2,900 pruebas para sustentar la acusación contra quienes supuestamente integraron una red de corrupción que estafó al Estado dominicano por un monto que supera los RD$4,500 millones.
Las pruebas presentadas también sustentan las acusaciones contra los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou, entre otros implicados en el entramado.
Los Acusados y las Pruebas
El caso Coral vincula a diversos altos oficiales y civiles que presuntamente sustrajeron fondos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) entre 2012 y 2020. El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de liderar esta red, compuesta por 30 personas físicas y 18 personas jurídicas.
Entre los acusados figuran el coronel Rafael Núñez de Aza, el general de la Fuerza Aérea Dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola, el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Rossy Guzmán Sánchez, conocida como la Pastora.
El cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de Rossy Guzmán Sánchez, el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
El andamiaje probatorio incluye, 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales, 104 pruebas materiales (armas de fuego, relojes de lujo, vehículos, etc.).
Además, el Estado ha solicitado el decomiso de 214 inmuebles y 86 vehículos de alto cilindraje, junto con más de RD$28 millones y US$55 mil incautados en efectivo.
Los bienes intervenidos han generado más de RD$86 millones en ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola, montos que también son reclamados a favor del Estado.
La procuradora de corte Magalys Sánchez y la fiscal Laura Vargas Toledo deploraron la conducta, señalando que provoca la ruptura del principio de inmediación y revictimiza a los cientos de afectados por el fraude inmobiliario.
La medida de coerción fue dictada por la jueza Karen Minyety Casado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, quien valoró los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público
La nave fue interceptada por la ARD a unas 35 millas náuticas de Cabo Engaño, en la provincia de Samaná. Se trataba de una embarcación de fabricación clandestina, de color azul, de aproximadamente 23 pies de eslora y equipada con dos motores fuera de borda.
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De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, la referida empresa participó en operaciones de lavado de activos y contrabando, formando parte de un entramado ilícito que se encuentra bajo investigación.
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