
Los hechos se registraron el 5 de diciembre de 2025, cuando el imputado profirió amenazas de muerte e insultos contra la víctima en su residencia, conducta que quedó documentada mediante registros audiovisuales incorporados al proceso.
La nave fue interceptada por la ARD a unas 35 millas náuticas de Cabo Engaño, en la provincia de Samaná. Se trataba de una embarcación de fabricación clandestina, de color azul, de aproximadamente 23 pies de eslora y equipada con dos motores fuera de borda.
Justicia19 de noviembre de 2025
El Tribunal Colegiado de Hato Mayor, condenó a 10 años de prisión a Teodoro Avelino Carela, alias "Butu", por su rol como capitán de una yola que intentó transportar a 20 personas indocumentadas hacia Puerto Rico el año pasado.
El tribunal presidido por Francisco Antonio Arias Sánchez, e integrado por Haissel Uribe Reyes y María del Carmen García, dispuso que Avelino Carela, cumpla la pena impuesta en la cárcel pública de El Seibo.
Carela fue encontrado culpable de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en perjuicio del Estado dominicano.
El tribunal, sin embargo, dictó sentencia absolutoria a favor del coimputado Fernando Pierre Alcined.
Intercepción en Alta Mar
Según el expediente acusatorio del Ministerio Público, el intento de viaje fue frustrado la noche del 2 de septiembre de 2024. Alrededor de las 9:30 p.m., la Guardia Costera de los Estados Unidos (US Coast Guard) alertó a la Armada de República Dominicana (ARD) sobre una embarcación sospechosa.
La nave fue interceptada por la ARD a unas 35 millas náuticas de Cabo Engaño, en la provincia de Samaná. Se trataba de una embarcación de fabricación clandestina, de color azul, de aproximadamente 23 pies de eslora y equipada con dos motores fuera de borda.
En su interior, las autoridades encontraron a veinte (20) personas —18 hombres y 2 mujeres— que habían zarpado desde una playa de Sabana de la Mar, en la provincia Hato Mayor, con destino a la vecina isla de Puerto Rico.
El Cobro por el Viaje Ilegal
La investigación, a cargo del fiscal Wilson Santana José, determinó que los procesados exigieron a cada migrante la suma de US$5,000 dólares por el traslado.
El acuerdo de pago permitía a los viajeros realizar un avance inicial de US$1,000 y entregar los restantes US$4,000 al llegar a su destino, o bien, pagar la suma total de cinco mil dólares al arribar a Puerto Rico.
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Los hechos se registraron el 5 de diciembre de 2025, cuando el imputado profirió amenazas de muerte e insultos contra la víctima en su residencia, conducta que quedó documentada mediante registros audiovisuales incorporados al proceso.

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