La nave fue interceptada por la ARD a unas 35 millas náuticas de Cabo Engaño, en la provincia de Samaná. Se trataba de una embarcación de fabricación clandestina, de color azul, de aproximadamente 23 pies de eslora y equipada con dos motores fuera de borda.
JusticiaHace 1 hora
El Tribunal Colegiado de Hato Mayor, condenó a 10 años de prisión a Teodoro Avelino Carela, alias "Butu", por su rol como capitán de una yola que intentó transportar a 20 personas indocumentadas hacia Puerto Rico el año pasado.
El tribunal presidido por Francisco Antonio Arias Sánchez, e integrado por Haissel Uribe Reyes y María del Carmen García, dispuso que Avelino Carela, cumpla la pena impuesta en la cárcel pública de El Seibo.
Carela fue encontrado culpable de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en perjuicio del Estado dominicano.
El tribunal, sin embargo, dictó sentencia absolutoria a favor del coimputado Fernando Pierre Alcined.
Intercepción en Alta Mar
Según el expediente acusatorio del Ministerio Público, el intento de viaje fue frustrado la noche del 2 de septiembre de 2024. Alrededor de las 9:30 p.m., la Guardia Costera de los Estados Unidos (US Coast Guard) alertó a la Armada de República Dominicana (ARD) sobre una embarcación sospechosa.
La nave fue interceptada por la ARD a unas 35 millas náuticas de Cabo Engaño, en la provincia de Samaná. Se trataba de una embarcación de fabricación clandestina, de color azul, de aproximadamente 23 pies de eslora y equipada con dos motores fuera de borda.
En su interior, las autoridades encontraron a veinte (20) personas —18 hombres y 2 mujeres— que habían zarpado desde una playa de Sabana de la Mar, en la provincia Hato Mayor, con destino a la vecina isla de Puerto Rico.
El Cobro por el Viaje Ilegal
La investigación, a cargo del fiscal Wilson Santana José, determinó que los procesados exigieron a cada migrante la suma de US$5,000 dólares por el traslado.
El acuerdo de pago permitía a los viajeros realizar un avance inicial de US$1,000 y entregar los restantes US$4,000 al llegar a su destino, o bien, pagar la suma total de cinco mil dólares al arribar a Puerto Rico.
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La procuradora de corte Magalys Sánchez y la fiscal Laura Vargas Toledo deploraron la conducta, señalando que provoca la ruptura del principio de inmediación y revictimiza a los cientos de afectados por el fraude inmobiliario.
La medida de coerción fue dictada por la jueza Karen Minyety Casado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, quien valoró los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo fijaron la próxima audiencia para el martes 25 de noviembre, a las 9:00 de la mañana. Para esa fecha, se habrán cumplido 32 días desde el inicio del primer receso del proceso.
El arresto de Vásquez Amarante, quien guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama de La Romana, se produjo el pasado mes de octubre.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, la referida empresa participó en operaciones de lavado de activos y contrabando, formando parte de un entramado ilícito que se encuentra bajo investigación.
Visiblemente emocionados, abogados y otros usuarios manifestaban su satisfacción por la comodidad y seguridad con la que ahora se conocen los procesos desde cómodas, espaciosas y modernas salas de fácil acceso, diseñadas para brindar justicia de calidad a todos los actores del sistema.
La denuncia se produjo durante un acto de celebración del Día del Chofer, donde Alfredo Pulinario (Tito), presidente de MOCHOTRAN, enfatizó el impacto negativo del transporte clandestino.
Reiteró su denuncia sobre los serios problemas que atraviesa el país, citando limitaciones en áreas cruciales como la vivienda, la salud, las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), el empleo, y dificultades específicas que afectan a productores de arroz, guineos y cerdo.
La muerte de 'El Jerry' ocurre en medio de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, que se ha cobrado la vida de al menos ocho creadores de contenido.
Esta es la segunda vez que el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís ve anulado un contrato de desechos sólidos con la razón social RJC Clear, S.R.L. (la anterior fue en mayo de 2021).
La sentencia fue dictada luego de que el Ministerio Público, a través del fiscal litigante Ignacio Rojas, demostrara la culpabilidad de Luis Esmelvin Núñez Sosa en el ataque contra la víctima, Abrahandy de la Cruz.
La organización política concluye reiterando su compromiso con la unidad y asume esta etapa como un paso decisivo en su tarea de "devolverle al país un gobierno serio, capaz y profundamente comprometido con la dignidad nacional".
María Morillo Morillo, de 45 años, y su hija adolescente Elisabeth Ulloa Morillo, de 17, ambas presentan diagnóstico de heridas múltiples por arma blanca, conforme a las actas de levantamiento de cadáveres.
El mayor general Guzmán Peralta expresó sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de armas del alto oficial, al tiempo que destacó su entrega, vocación de servicio y trayectoria ejemplar de más de 38 años de servicio
Recordó que el presidente Luis Abinader había prometido la construcción de un tren metropolitano, tres terminales de autobuses, estacionamientos públicos, y un tren Santo Domingo-San Cristóbal, proyectos que, a su juicio, no se han materializado.