Tribunal Superior Administrativo fija audiencia de medida cautelar de ADOCCO contra el INTRANT

El TSA autorizó a ADOCCO a citar tanto al INTRANT como a la Procuraduría General Administrativa, garantizando así la transparencia del proceso.

JusticiaHace 3 horas
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La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) logró que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) fijara una audiencia pública en el marco de una medida cautelar anticipada interpuesta contra el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

La audiencia fue programada para este jueves 23 de octubre de 2025 a las 9:00 a.m., y se celebrará en modalidad virtual mediante la plataforma Microsoft Teams. La decisión fue emitida mediante el auto judicial número 20144-2025.

La solicitud de ADOCCO, en su calidad de ente fiscalizador de la administración pública, busca proteger los intereses ciudadanos frente a presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la emisión de licencias de conducir, en el que resultó favorecido el Consorcio Mobility ID.

ADOCCO, presidida por Julio César De la Rosa Tiburcio, acusa al ingeniero Milton Morrison de haber actuado en connivencia con el consorcio. La denuncia principal, presentada también ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), es que el pliego de condiciones del INTRANT habría sido diseñado expresamente para beneficiar a un único oferente: el Consorcio Mobility ID.

Riesgo de seguridad nacional por concentración de documentos

ADOCCO advierte sobre un riesgo grave para la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos, ya que con esta adjudicación, los tres documentos de identidad más sensibles del país —cédula, pasaporte y licencia de conducir— quedarían bajo el control del mismo grupo empresarial. La organización señala, además, que este grupo está vinculado a empresas que gestionan documentos similares en Haití.

Otras acusaciones de ADOCCO incluyen

Falsificación de Documentos

Mobility ID habría falsificado documentos técnicos relacionados con la impresora láser CLM600, presentándose falsamente como su fabricante para cumplir con los requisitos del pliego.

Violación a la Competencia: El proceso habría violado el principio de libre competencia consagrado en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

La organización acusó formalmente a Milton Morrison y al Consorcio Mobility ID de infringir múltiples artículos del Código Penal, así como disposiciones de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y la Ley 448-06 sobre Soborno.

El TSA autorizó a ADOCCO a citar tanto al INTRANT como a la Procuraduría General Administrativa, garantizando así la transparencia del proceso.

De la Rosa Tiburcio recordó que, a pesar de las impugnaciones, el ingeniero Morrison anunció unilateralmente la adjudicación del contrato a Mobility ID por un monto estimado de 8,400 millones de pesos.

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