Defensa de Donald Guerrero recurrirá ante el TSA la auditoría de la Cámara de Cuentas

La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, anunció hoy que recurrirá ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la llamada “auditoría especial” practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) al Ministerio de Hacienda (periodo 2016–2020).

El equipo legal denunció que dicho informe fue realizado en franca violación del debido proceso, sin el requerimiento del Congreso Nacional, sin permitir el acceso al expediente al propio auditado y con inconsistencias técnicas que lo hacen carecer de validez jurídica.

Los abogados señalaron que, mediante múltiples solicitudes formales—todas rechazadas por la resolución ADM-2025-020 del 28 de agosto de 2025—, se les negó el acceso a los documentos utilizados por los auditores bajo alegato de confidencialidad, impidiendo ejercer la defensa o contradicción. “Se trató de una auditoría a puertas cerradas, con las reglas del debido proceso suspendidas”, afirmó el equipo de defensa.

La defensa también cuestionó que el informe fuera aprobado más de un año después de su elaboración y por un Pleno distinto al que condujo la investigación, lo que, según señalaron, vulnera el principio de unidad y continuidad del acto administrativo.

Además, los abogados subrayaron que el texto del informe incurre en contradicciones técnicas evidentes:

Afirma la existencia de pagos “sin registro” al mismo tiempo que cita los libramientos emitidos y aprobados por la Contraloría General de la República, órgano que ejerce el control previo de legalidad de las operaciones financieras del Estado.
El informe se limita a observaciones administrativas y de procedimiento, sin contener evidencia de fraude ni cuantificación de perjuicio al erario, lo que no se corresponde con el objeto delimitado de una auditoría especial, según el artículo 60 de la Ley 18-24.
 
Pagos por ExpropiacionesSobre los pagos por expropiaciones, la defensa recordó que durante la gestión de Guerrero se ejecutaron compensaciones ordenadas por sentencias o avaladas por tasaciones oficiales de la Dirección General de Catastro Nacional, en cumplimiento de las Leyes 150-14 y 107-13.

“Se trató de la regularización de obligaciones históricas del Estado, muchas de ellas pendientes desde la década de 1950, realizadas por debajo del valor de mercado y con ahorros estimados en más de RD$10,000 millones”, detallaron los abogados.

La defensa concluyó que la negativa reiterada a permitir el acceso al expediente y la denegación del derecho de contradicción configuran un amplio catálogo de violaciones en perjuicio de Guerrero. “El respeto al debido proceso no es una formalidad, es la garantía mínima de justicia administrativa”, puntualizó la defensa al reiterar que el caso será llevado ante el TSA.