
La medida de coerción fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este
No estamos ante un nuevo concurso de oposición ni ante el agotamiento de un período; se trata de una evaluación de desempeño de jueces en plenas funciones.
JusticiaAyerLa Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), saludó el inicio del proceso de evaluación de desempeño de jueces de la Suprema Corte de Justicia, un evento que representa una prueba para la fortaleza de nuestro Estado de Derecho y el respeto a la carrera judicial.
La evaluación de estos jueces no puede ni debe ser un mero formalismo. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene ante sí la responsabilidad de conducir un proceso ejemplar, dividido en sus tres etapas: objeciones, entrevistas y deliberación.
Es un imperativo categórico que cada fase se desarrolle con un respeto escrupuloso por el debido proceso, la dignidad de los evaluados y la independencia judicial. No estamos ante un nuevo concurso de oposición ni ante el agotamiento de un período; se trata de una evaluación de desempeño de jueces en plenas funciones.
Hacemos un llamado al CNM para que esta evaluación se convierta en un referente de objetividad. Recordamos que, según el artículo 181 de nuestra Constitución, cualquier decisión de desvinculación debe estar excepcional y fehacientemente motivada y justificada en los criterios técnicos y éticos que la propia ley y el nuevo reglamento establecen.
La permanencia de jueces de carrera, con hojas de servicio intachables y aportes probados, es una salvaguarda para la estabilidad y la previsibilidad del sistema de justicia. Desvincularlos sin una causa grave y debidamente probada enviaría un mensaje perjudicial a toda la judicatura.
FINJUS, como voz de la sociedad civil comprometida con la institucionalidad, se mantendrá vigilante de este trascendental proceso, confiando en que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura actuarán con la ponderación y el rigor que la ocasión amerita, para que el resultado final consolide la confianza ciudadana en la justicia y fortalezca el Estado de Derecho en la República Dominicana.
La medida de coerción fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este
El tribunal acogió la acción de amparo interpuesta por la señora María Esmeralda Ortiz Páez en contra del Colegio Nacional Evangélico y el Distrito Educativo 15-03
De acuerdo con la solicitud presentada por el fiscal José Ramón Martínez Cordero, uno de los hechos ocurrió el 14 de julio de 2025, alrededor de las 7:15 de la noche.
Agentes del área de Seguridad del hospital apresaron a la persona que, tras varios días visitando el centro haciéndose pasar por paciente, intentó perpetrar actos delictivos contra los usuarios.
Raúl Ernesto Montero García (Maicol) y Elisson Eduardo Cruz Jiménez (Manolo) están imputados de participar en el asesinato de Edwin Antonio Berliza Sosa.
Asimismo, el tribunal impuso una sanción solidaria de RD$30,000 diarios por cada día de retraso en la entrega de dicho documento.
La investigación fue dispuesta por la procuradora general de la República tras el incidente ocurrido en una plaza comercial de La Barranquita.
Los jueces decidieron aplazar la audiencia en virtud de que su abogada presentó una certificación que acreditaba otros compromisos laborales
Este nuevo hospital integra, en un solo lugar, atención clínica, quirúrgica y de emergencias, con tecnología de última generación y espacios diseñados para ofrecer atención digna y de calidad a toda la población.
Estos niveles abarcarán desde el uso adecuado de teléfonos inteligentes hasta la integración de herramientas digitales en actividades productivas, educativas y comunitarias.
Rafael Santos Badía explicó que entre once y dieciocho millones de personas en América Latina y el Caribe se dedican al trabajo doméstico remunerado
Estos informes fueron elaborados en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y la Ley núm. 18-24 sobre fiscalización de la inversión
Asimismo, el tribunal impuso una sanción solidaria de RD$30,000 diarios por cada día de retraso en la entrega de dicho documento.
La sentencia solicitada incluye el pago de una multa de 500.000 dólares. Los fiscales creen que el rapero merece una pena de prisión "considerable".
Raúl Ernesto Montero García (Maicol) y Elisson Eduardo Cruz Jiménez (Manolo) están imputados de participar en el asesinato de Edwin Antonio Berliza Sosa.