FINJUS ante evaluación de jueces de la Suprema Corte: Un hito para la institucionalidad y la independencia judicial

No estamos ante un nuevo concurso de oposición ni ante el agotamiento de un período; se trata de una evaluación de desempeño de jueces en plenas funciones.

JusticiaAyer
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La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), saludó el inicio del proceso de evaluación de desempeño de jueces de la Suprema Corte de Justicia, un evento que representa una prueba para la fortaleza de nuestro Estado de Derecho y el respeto a la carrera judicial.

La evaluación de estos jueces no puede ni debe ser un mero formalismo. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene ante sí la responsabilidad de conducir un proceso ejemplar, dividido en sus tres etapas: objeciones, entrevistas y deliberación.

Es un imperativo categórico que cada fase se desarrolle con un respeto escrupuloso por el debido proceso, la dignidad de los evaluados y la independencia judicial. No estamos ante un nuevo concurso de oposición ni ante el agotamiento de un período; se trata de una evaluación de desempeño de jueces en plenas funciones.

Hacemos un llamado al CNM para que esta evaluación se convierta en un referente de objetividad. Recordamos que, según el artículo 181 de nuestra Constitución, cualquier decisión de desvinculación debe estar excepcional y fehacientemente motivada y justificada en los criterios técnicos y éticos que la propia ley y el nuevo reglamento establecen.

La permanencia de jueces de carrera, con hojas de servicio intachables y aportes probados, es una salvaguarda para la estabilidad y la previsibilidad del sistema de justicia. Desvincularlos sin una causa grave y debidamente probada enviaría un mensaje perjudicial a toda la judicatura.

FINJUS, como voz de la sociedad civil comprometida con la institucionalidad, se mantendrá vigilante de este trascendental proceso, confiando en que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura actuarán con la ponderación y el rigor que la ocasión amerita, para que el resultado final consolide la confianza ciudadana en la justicia y fortalezca el Estado de Derecho en la República Dominicana.

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