En cuanto a los homicidios, se ha registrado una disminución sostenida de la tasa, que se sitúa en 8.08 por cada 100 mil habitantes, una mejora significativa en comparación con el 9.8 registrado en 2024 y el 12.04 de 2023.
Cancelan y suspenden 47 registros de proveedores condenados y procesados por corrupción
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, explicó que la decisión se fundamenta en informaciones de la Procuraduría General de la República
ActualidadHace 2 horas
Carlos Pimentel
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió la Resolución núm. DGCP-44-2025-003701, mediante la cual dispone la cancelación y suspensión de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) a personas físicas y jurídicas condenadas o procesadas por delitos contra la Administración Pública.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, explicó que la decisión se fundamenta en informaciones de la Procuraduría General de la República y en lo dispuesto por la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, la Ley núm. 107-13 sobre Procedimiento Administrativo, y sus respectivos reglamentos.
“Con esta resolución reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la integridad del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, fortaleciendo los controles y asegurando que ningún proveedor condenado por corrupción pueda beneficiarse de los recursos del Estado”, manifestó Pimentel.
La medida incluye, cancelación definitiva de 21 registros de personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción que tenían un acuerdo homologado, suspensión provisional de 14 proveedores procesados penalmente, hasta que se emita una decisión judicial firme, suspensión automática de 12 registros de empresas cuyos socios o directivos están condenados, como medida preventiva.
La DGCP, a través de una nota de prensa, detalló que los proveedores con estatus de "cancelado" no podrán volver a contratar con el Estado. Aquellos "suspendidos" quedarán inhabilitados temporalmente hasta que su proceso judicial concluya.
Además, el órgano rector notificó la decisión a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría General de la República para los fines legales pertinentes.
“Con esta acción, la DGCP busca enviar un mensaje a la ciudadanía y a los actores del mercado público: la contratación pública debe ser un espacio de transparencia, integridad y respeto a la ley, libre de proveedores involucrados en actos de corrupción”, concluyó Pimentel.
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