Solicitan prisión preventiva para pareja imputada de tráfico de migrantes y captación sexual de menores

El Ministerio Público (MP) solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la imposición de prisión preventiva en contra de un hombre y una mujer imputados por tráfico ilícito de migrantes y violación a la ley de protección a niños, niñas y adolescentes.

La medida de coerción fue solicitada en contra de Alexander Ramón Peña Henríquez y Luisa Stfrent, de nacionalidad haitiana.

Los imputados están acusados de hechos ilícitos relacionados a la captación de menores de edad a los fines de gratificación y obtención de favores sexuales, así como la violación a los derechos de la imagen, intimidad, honor y dignidad de las personas menores de edad.

Base legal y evidencias

Los hechos imputados constituyen una violación a Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (Artículos 1, 3 y 5), Ley 136-03 (Código del Menor), que crea el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Principios V, VI y VII y Artículo 14).

El Ministerio Público, representado por Olga Diná Llaverías (titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia) y Quirsa Abreu (titular de la Fiscalía de Santiago), detalla que la mujer, Luisa Stfrent, se dedica a captar a personas, incluyendo menores, para ofrecer beneficios sexuales a cambio de pagos en las provincias La Vega y Santiago.

Según la medida de coerción, el 21 de octubre de 2025, el imputado Peña Henríquez se comunicó con Stfrent con el interés de captar menores de edad para obtener gratificación y sostener relaciones sexuales. Ambos acordaron reunirse en un punto de la autopista Joaquín Balaguer, tal y como quedó registrado en un video que se difundió ampliamente en redes sociales.

Solicitud de análisis forense

Además de la prisión preventiva, el MP solicitó al tribunal autorizar a las siguientes instituciones a extraer y analizar las informaciones que contiene un teléfono móvil ocupado en el caso:

Instituto Nacional de Ciencias Forenses

Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional.

La jueza Iris Borgen aplazó la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para el próximo lunes 3 de noviembre de 2025, tras acoger una solicitud de la defensa que requirió más tiempo para preparar sus presupuestos.