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La captura de Torres Hernández fue posible gracias al apoyo de la Organización Internacional de la Policía Criminal (OIPC-Interpol), Oficina Central Nacional Santo Domingo, tras la activación de una Alerta Amber internacional para la localización y el rescate de la menor.
JusticiaAyerUn tribunal del Distrito Nacional ha impuesto tres meses de prisión preventiva contra Miguel Antonio Torres Hernández, también conocido como Kevin León Wooden y/o Shaban Kuka. Se le imputa el secuestro de una menor de edad que presuntamente retuvo ilegalmente en México y trasladó a República Dominicana utilizando una falsa identidad.
La captura de Torres Hernández fue posible gracias al apoyo de la Organización Internacional de la Policía Criminal (OIPC-Interpol), Oficina Central Nacional Santo Domingo, tras la activación de una Alerta Amber internacional para la localización y el rescate de la menor.
En este caso, figura como coimputada Viviana Villarreal Cambero, quien, según el Ministerio Público, participó activamente en el entramado ilegal para la retención y suplantación de identidad de la menor. Además, actualmente aparece como la madre de la niña en documentos falsificados. Como medida de coerción, el tribunal impuso a Villarreal Cambero una garantía económica de RD$800,000, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Desde el 23 de julio de 2025, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) y la Fiscalía del Distrito Nacional investigan a Torres Hernández y Villarreal Cambero. Se les acusa de violación al Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y el Código Penal Dominicano.
La procuradora de corte Shirley Aurich, de la Dinnaf, y el fiscal José Ramón Martínez, presentaron la solicitud ante la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. El imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-17).
Detalles del Secuestro y Rescate
La víctima, que ahora tiene 4 años de edad, fue separada violentamente en Guadalajara, Jalisco, México, de su madre biológica (de nacionalidad colombiana) cuando tenía solo 11 meses. Torres Hernández fue pareja sentimental de la madre de la víctima y es el supuesto padre biológico de la niña, aunque no figura como tal en el registro de nacimiento de Colombia.
Durante un viaje familiar a México, la menor fue retenida ilegalmente por Torres Hernández. Este presuntamente cambió la identidad de la niña y la trasladó a República Dominicana con documentos falsificados, suplantando su verdadera identidad y afectando su integridad y derechos fundamentales.
La madre denunció el secuestro ante la Policía de Guadalajara, México, lo que motivó la emisión de una orden de captura internacional contra Torres Hernández y la activación de una Alerta Amber (NÚM. 03/2024/44JAL, Folio CIB00003, del 07/02/2024) para la localización y rescate de la infante.
Tras años de búsqueda, se confirmó que la niña se encontraba en República Dominicana bajo una identidad suplantada. El 24 de julio de 2025, producto de diversas investigaciones y diligencias procesales, las autoridades rescataron a la niña y a otros dos niños de uno y once años de edad durante un allanamiento en Santo Domingo. Se encontraron en condiciones de abandono y descuido, sin alimentación ni supervisión adecuada.
Se comprobó la participación de Villarreal Cambero en el entramado, actuando como parte responsable del cuidado y ocultamiento de la infante bajo una identidad falsa. El registro oficial colombiano confirmó la identidad de la madre biológica y legal de la niña, quien posee su guarda y custodia.
El Ministerio Público acusa a los imputados de violar múltiples artículos de la Ley 136-03 (Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes), el artículo 3 de la Ley 137-03 (sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas), los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 (contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), y los artículos 345, 351-2 y 354 del Código Penal de la República Dominicana.
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