
El juez Raymundo Mejía fijó una garantía económica de RD$500,000 mediante contrato con una compañía aseguradora, a pesar de que el Ministerio Público había solicitado una fianza de RD$2.0 millones en efectivo.
Conforme con la acusación Florentino Rondón facilitaba sus datos y los de familiares para recibir, mediante el sistema de remesas, altas sumas de dinero procedente del narcotráfico en Estados Unidos.
Justicia28 de mayo de 2025SAN PEDRO DE MACORÍS , RD
Basándose en las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal de este distrito judicial le impuso tres meses de prisión preventiva al imputado Aníbal Florentino Rondón (Super y/o Anibita), quien formaba parte de la red de lavado de activos y narcotráfico que encabezaba Yunior Santos Restrepo.
El Ministerio Público ha establecido, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que Florentino Rondón facilitaba sus datos y los de familiares para recibir, mediante el sistema de remesas, altas sumas de dinero procedente del narcotráfico en Estados Unidos.
Una vez dicho imputado recibía el dinero, este lo entregaba de manera personal o lo depositaba en las cuentas del acusado Yunior Santos Restrepo o lo entregaba a la madre de este, la prófuga Diana Patricia Restrepo Nader, en las instalaciones de la casa de cambio 7/14, propiedad de Santos Restrepo.
En el transcurso de las pesquisas el Ministerio Público realizó un allanamiento a la residencia de Florentino Rondón, donde se ocupó un vehículo de motor que utilizaba en sus actividades ilícitas, así como diferentes elementos de prueba que lo vinculan con la organización liderada por Santos Restrepo, quien fue arrestado el 21 de septiembre de 2023 durante una serie de allanamientos simultáneos realizados por el Ministerio Público, y cumple prisión preventiva por el caso.
En esa operación se incautaron 93 paquetes de cocaína con un peso total de 96.72 kilogramos, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, varios vehículos de lujo, documentos, relojes, joyas y aparatos electrónicos, cuyo análisis permitió establecer vínculos directos con miembros de la organización criminal.
Como parte de esta misma operación, también han sido arrestados y acusados familiares directos de Santos Restrepo, quienes fungían como testaferros y facilitadores en el ocultamiento de bienes adquiridos con dinero del narcotráfico.
Entre los arrestados se encuentra el regidor de San Pedro de Macorís Walky Cuevas Charles, a quien se le atribuye la posesión de un edificio de tres niveles ubicado en la calle Prolongación Trinitaria, valorado en varios millones de pesos y adquirido con fondos ilícitos. También, fue detenida Pamela Violeta Astacio Ramón (Melvin Gato), señalada como colaboradora en las operaciones de transporte y colocación de dinero del narcotráfico.
A todos los imputados les han sido impuestas distintas medidas de coerción, incluyendo la prisión preventiva, garantías económicas y presentación periódica.
La investigación, dirigida por los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Castro, cuenta con el apoyo conjunto de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) y el Departamento de Investigación Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Difla), ambos adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
En virtud de esa colaboración se ha podido rastrear el uso sistemático de remesas, transferencias y depósitos en efectivo como mecanismos de blanqueo, utilizando identidades de terceros y cuentas bancarias para introducir grandes sumas de dinero de origen ilícito provenientes del narcotráfico en el sistema económico nacional.
La prisión impuesta a Florentino Rondón deberá ser cumplida en la cárcel pública de El Seibo, según la decisión adoptada por la jueza Darlis Eusebio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, quien declaró como buena y válida la medida de coerción privativa de libertad solicitada por los fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Al procesado se le imputa la violación de varios artículos de las leyes 155-17 y 72-02 que tipifican y sancionan el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El juez Raymundo Mejía fijó una garantía económica de RD$500,000 mediante contrato con una compañía aseguradora, a pesar de que el Ministerio Público había solicitado una fianza de RD$2.0 millones en efectivo.
El Ministerio Público y la DNCD están profundizando las investigaciones relacionadas con el caso, mientras continúan intensificando las labores de inteligencia y coordinación.
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