Tribunal advierte a defensa de Caso Calamar sobre “litigio temerario y táctica dilatoria”

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aprobó que el Ministerio Público presentara su acusación de forma resumida contra los acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada con la Operación Calamar, informó este viernes la procuradora general de corte Mirna Ortiz.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo, no obstante, que la audiencia fue aplazada luego de que la jueza de la Instrucción Altagracia Ramírez fuera recusada por la defensa de tres de los procesados.

Explicó que la magistrada advirtió “que esto podría convertirse en un litigio temerario y advirtió la posibilidad, tal como establece el Código, de que las partes estuvieran recurriendo a esto como una estrategia dilatoria”.

La recusación la encabezó la defensa de Gonzalo Castillo, quien recurre por segunda vez a esa táctica dilatoria, tal y como advirtió la jueza en audiencia, indicó la titular de la Pepca. Dijo que luego se le sumaron las defensas de Donald Guerrero y José Ramón Peralta.

“En el proceso de hoy, de la audiencia preliminar de Operación Calamar, las defensas técnicas de los imputados Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y Ramón Peralta recusaron a la magistrada juez de la Instrucción en rechazo a su decisión de que el Ministerio Público presentara su acusación de forma resumida”, dijo Ortiz luego de salir de la sala de audiencia.

“Las defensas se opusieron y la jueza reiteró su decisión amparada en las disposiciones que prevé el Código Procesal Penal en la combinación del artículo 300 y el 318 y el principio de celeridad y razonabilidad que impera en los procesos penales”, refirió.

El incidente llevó a la jueza Ramírez a enviar el conocimiento de la recusación a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, suspendiendo la audiencia hasta el próximo 2 de mayo.

En el expediente de Operación Calamar, el órgano persecutor imputa a veinte personas de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.

Además de Castillo, Peralta y Guerrero, se vincula en la estafa al excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño; al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo; al exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

El Ministerio Público acusa al grupo de incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.