Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público, la defensa de Pilarte y del interviniente voluntario Inversiones e Inmobiliaria Cutupu, el tribunal decidió reservarse la decisión para emitirla en un plazo de seis meses
Justicia07 de febrero de 2025
Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público, la defensa de Pilarte y del interviniente voluntario Inversiones e Inmobiliaria Cutupu, el tribunal decidió reservarse la decisión para emitirla en un plazo de seis meses, conforme al artículo 23, párrafo I, de la Ley 2-223 sobre Recurso de Casación.
Los procuradores adjuntos Pedro Amador Espinosa y Fernando Quezada García, del Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, Procuraduría Especializadas Antilavado de Activos, y Pelagio Alcántara Sánchez, procurador de Corte, solicitaron al Pleno ratificar la sentencia condenatoria, mientras que la defensa de Pilarte pidió la anulación de la sentencia y, en su defecto, la celebración de un nuevo juicio.
La sentencia original, dictada por la Segunda Sala Penal, condenó a Pilarte a cinco años de prisión, a cumplir en el centro de corrección y rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, y al pago de una multa de 200 salarios mínimos. Además, ordenó el decomiso de varios inmuebles a favor del Estado dominicano.
LA ACUSACIÓN
Según el expediente acusatorio depositado contra la legisladora, Pilarte formaba parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos que dirigía su esposo y también acusado por el Ministerio Público Miguel Arturo López Florencio (Miky López).
El modus operandi de la red era colocar sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas de la actividad económica para lograr “diversificar el producto proveniente del narcotráfico, aprovechando y utilizando vínculos familiares y de afinidad para hacer más eficaz dicha actividad ilícita de lavado de activos”.
Los fiscales a cargo de la acusación señalaron la existencia de transacciones bancarias realizadas por Pilarte que reflejan montos millonarios producto de las actividades ilícitas del entramado, estableciendo como la mujer era partícipe de la red de lavado junto a su esposo y también acusado Miguel Arturo López Florencio (Miky López).
“Las millonarias sumas no guardan relación con sus actividades productivas e ingresos lícitos conocidos y declarados a las autoridades”, señalaba la acusación.
Estefany Soler Montero, condenada a 12 años de prisión, y Paula Marina Alcequiez Mota, a 7 años, deberán pagar una multa de un millón de pesos al Estado dominicano
El Ministerio Público señala que el pasado 18 de abril, de manera engañosa, el imputado consiguió que el niño, que se encontraba en la parte frontal de un negocio de venta de comida rápida, abordara la motocicleta en la que se transportaba
El juez Argelis Ariel Rojas Espinal, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Peravia, dictó la medida de coerción y ordenó su cumplimiento en la cárcel pública del municipio Baní, en la provincia Peravia.
Espinosa Guerra fue hallado culpable de dañar o alterar datos informáticos en su condición de empleado público, violando el artículo 10 y su párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Las investigaciones determinaron que el imputado se hacía pasar por policía asimilado a través de publicaciones en redes sociales en las que se promovía, a pesar de ser falso, como una persona que participaba en labores de socorro
La magistrada Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, valoró la decisión del tribunal, al tiempo que destacó que los procesados recibieron una condena ejemplar y la afectación de los activos que, como organización, habían obtenido por sus actividades ilícitas.
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