Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público, la defensa de Pilarte y del interviniente voluntario Inversiones e Inmobiliaria Cutupu, el tribunal decidió reservarse la decisión para emitirla en un plazo de seis meses, conforme al artículo 23, párrafo I, de la Ley 2-223 sobre Recurso de Casación.
Los procuradores adjuntos Pedro Amador Espinosa y Fernando Quezada García, del Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, Procuraduría Especializadas Antilavado de Activos, y Pelagio Alcántara Sánchez, procurador de Corte, solicitaron al Pleno ratificar la sentencia condenatoria, mientras que la defensa de Pilarte pidió la anulación de la sentencia y, en su defecto, la celebración de un nuevo juicio.
La sentencia original, dictada por la Segunda Sala Penal, condenó a Pilarte a cinco años de prisión, a cumplir en el centro de corrección y rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, y al pago de una multa de 200 salarios mínimos. Además, ordenó el decomiso de varios inmuebles a favor del Estado dominicano.
LA ACUSACIÓN
Según el expediente acusatorio depositado contra la legisladora, Pilarte formaba parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos que dirigía su esposo y también acusado por el Ministerio Público Miguel Arturo López Florencio (Miky López).
El modus operandi de la red era colocar sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas de la actividad económica para lograr “diversificar el producto proveniente del narcotráfico, aprovechando y utilizando vínculos familiares y de afinidad para hacer más eficaz dicha actividad ilícita de lavado de activos”.
Los fiscales a cargo de la acusación señalaron la existencia de transacciones bancarias realizadas por Pilarte que reflejan montos millonarios producto de las actividades ilícitas del entramado, estableciendo como la mujer era partícipe de la red de lavado junto a su esposo y también acusado Miguel Arturo López Florencio (Miky López).
“Las millonarias sumas no guardan relación con sus actividades productivas e ingresos lícitos conocidos y declarados a las autoridades”, señalaba la acusación.
