La Procuraduría General de la República anunció este domingo que procederá a subir todas las acusaciones y actos procesales en su portal, en la sección de transparencia, para que la sociedad pueda edificarse acerca de los casos de corrupción que realiza.
A través de un comunicado para responder acusaciones sobre los diferentes acuerdos que realiza el órgano persecutor con diferentes acusados en caso de corrupción, indicó que se hará para que “quien quiera podrá determinar, con base a pruebas, quién miente, por ejemplo, atribuyendo cantidades de dinero exorbitantes a imputados de nivel medio cuando quien hace los alegatos públicos sabe que las pruebas demuestran que la mayor parte de esos recursos engrosaban las cuentas bancarias de exfuncionarios públicos a los que representa y que hoy pagan las campañas millonarias para atacar la acusación con mentiras, en lugar de defenderse en los tribunales del arsenal de pruebas depositadas por el Ministerio Público”.
Con respecto a los señalamientos al órgano acusador vertidos en la opinión pública esta semana, de que algunos de los acusados que cometieron delitos, devuelven el dinero y se les solicita penas leves y hasta se les favorece con volver a contratar servicios dentro del Estado, explicaron que, desde 2020 el Ministerio Público, que encabeza la procuradora general Miriam Germán Brito, “ha sido extremadamente cuidadoso y transparente con los acuerdos, razón por la que todos se han llevado hasta los tribunales y en ningún caso se ha aceptado intermediario alguno”.
En un comunicado, el órgano persecutor calificó de deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público, “de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales”.
Explicaron que las declaraciones vertidas se deben a campañas que “tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito”, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos.
“Han llegado al extremo de querer fabular respeto a una persona contratada por el Ministerio Público a través de un proceso de evaluación y reclutamiento agotado mediante una firma consultora externa de gestión humana. Esa exempleada, que no labora hace meses en la institución, por demás nunca tuvo nada que ver con las áreas de persecución”, dice el escrito.
