Juez de la Suprema destaca valor de la carrera judicial como pilar del Estado de Derecho y la calidad de la democracia

El juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y comisionado ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ), Justiniano Montero Montero, consideró que en la renovación de la integración de los tribunales supremos debe prevalecer el respeto a la inamovilidad y el sentido que pauta la Constitución de cada país a fin de salvaguardar la sostenibilidad del estatuto del juez. 

El experto en el tema de la ética judicial indicó que, en la designación interna de los jueces de los tribunales de fondo es necesario seguir preservando las reglas claras del escalafón judicial y las que rigen para el acceso a la función, las cuales, sin embargo, “deben ser mejoradas constantemente para ponerla en consonancia con la realidad social de cada uno de los poderes judiciales de nuestra región iberoamericana”. 

El magistrado Montero se expresó en esos términos al abordar el tema “El estatuto del Juez, en el contexto de Europa, como de Iberoamérica”, durante una reunión de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial celebrada en Madrid- España, en la que se trataron los temas referentes a la elaboración y aprobación de dictámenes sobre los desafíos éticos de los diferentes poderes judiciales de la región iberoamericana, con especial relevancia en lo relativo al estatuto del juez , como eje de particular importancia en la sostenibilidad de la administración de justicia y la carrera judicial. 

El magistrado Montero destacó en su presentación donde aborda el tema que el valor de la carrera judicial es un pilar de primer orden, tanto en la órbita de la sostenibilidad del Estado de Derecho, como de la calidad de la democracia la cohesión y la paz social, según lo consigna la Agenda 2030, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que apuesta al afianzamiento de los poderes del Estado y consiguientemente a la refrendación de la seguridad jurídica . 

“No se puede jugar a los caprichos desmedidos, puesto que cada país tiene un orden normativo muy bien diseñado que traza las reglas de juego a seguir. Entiendo que se trata de un desafío muy relevante dejar claramente trazado que los procesos de evaluación del desempeño cíclico para los jueces de Tribunales Supremos no debe ser un horizonte de tensiones y desasosiego, que aun cuando sea de manera sublime no deja de ser una afectación sutil pero frontal a la carrera judicial y, por tanto, al estatuto del juez que agrede su contenido esencial”, consideró. 

Explicó también que las reglas del juego que se conciben desde el punto de vista de la evaluación del desempeño como instrumento de sostenibilidad material de la inamovilidad, no debe ser objeto de interpretaciones aviesas ni de juicios arbitrarios para el caso de los países que tienen un régimen orgánico que consagra la inamovilidad de los jueces de las Cortes Supremas.  

Sostuvo que esas son reglas de juego de primer orden no solo por estar concebida en el contexto del diseño constitucional vigente, sino que es el estandarte que apuesta y abona un sistema de administración de justicia, que genera código de comunicación acorde con los valores y principios éticos del sistema democrático. 

“Se debe trabajar en torno a la creación de una cultura ética de respeto al contenido de la norma. Los órganos de gobierno que deciden la designación interna dentro de cada poder judicial deben empeñarse en el respeto absoluto de estos parámetros y premisas, que constituyen los ejes esenciales de supervivencia y sostenibilidad de la carrera judicial como salvaguarda prioritaria de la independencia, y de una administración de justicia acorde con las necesidades de cada país, para obrar en base a la  transparencia y la rendición de cuenta, lo cual no debe retroceder en el tiempo, bajo  ninguna circunstancia”, explicó Montero Montero. 

La actividad, realizada en la sede del Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Supremo de España, durante los días, 20 al 22 de marzo, congregó a varios países de Iberoamericana y Europa, República Dominicana, Brasil, Panamá, Chile, Colombia, Costa Rica, República de Andorra, Portugal; así como integrantes de las comisiones de Ética de España y el Consejo Consultivo de la Unión, juntamente con el magistrado Justiniano Montero disertaron sobre el tema otros magistrados de la composición de los órganos enunciados. 

Se recuerda que el Poder Judicial de República Dominicana cuenta con un el Reglamento que organiza el Escalafón Judicial y el Sistema de Provisión de Cargos Judiciales actualizado y moderno, que tiene como objetivo que los jueces sean promovidos conforme a mérito en el desempeño de sus funciones.  

En el marco del encuentro enunciado fueron aprobados cinco dictámenes por la Comisión Iberoamericana de Ética, los cuales se destacan a continuación: La Dimensión Ética de los Errores Judiciales y su Incidencia en la Independencia; La Gestión Ética en la Dirección de las Audiencias y las Competencias Actitudinales de los Jueces; Las Consideraciones Éticas sobre el Asociacionismo de los Jueces; El Juez en el Ágora Pública y su deber de Neutralidad; La Participación del Juez en la Vida Social y Cultural.