Basándose en el principio de jurisdicción universal, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos de Colombia pidieron a un juez federal argentino que investigue la presunta responsabilidad del expresidente colombiano Álvaro Uribe en los crímenes de miles de civiles durante su gobierno (2002-2010).
La denuncia fue presentada la víspera en el juzgado federal de Sebastián Ramos por once familiares de víctimas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” y la Corporación Jurídica Libertad, dijo el jueves a The Associated Press Máximo Castex, abogado argentino de los querellantes.
Uribe rechazó la iniciativa en su cuenta de X -antes Twitter- afirmando que fue presentada por el “colectivo de abogados” que le ha estado difamando durante 30 años y “que se arropa en los derechos humanos para proteger la violencia de terroristas supuestamente de izquierda”.
Los denunciantes dijeron en un comunicado que buscan justicia para 6.402 personas —la mayoría asesinadas y otras desaparecidas— luego de ser señaladas como integrantes de grupos guerrilleros o engañadas "para ser trasladadas a lugares remotos donde serían presentadas como bajas en combate”.
En un comunicado señalaron que una investigación a Uribe abriría las puertas para que por primera vez un mandatario colombiano sea indagado por su presunta responsabilidad penal en la perpetración de crímenes.
El principio de jurisdicción internacional faculta a los Estados a investigar y juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad como torturas y desapariciones forzadas dondequiera que se hayan cometido e independientemente de la nacionalidad de los sospechosos o las víctimas.
Los hechos denunciados habrían sido cometidos en 31 de los 32 departamentos de Colombia por todas las divisiones del ejército con un mismo modus operandi.
“No se trató de hechos aislados y el Presidente de la República, comandante en jefe de las fuerzas armadas, podría tener responsabilidad penal", sostuvieron los denunciantes.
Apuntaron además que fueron “mal llamados ’falsos positivos” porque fueron presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Castex explicó que, antes de dar luz verde a que se abra la investigación, el magistrado argentino pediría que los querellantes ratifiquen sus dichos, la aportación de pruebas y que la fiscalía emita un dictamen fijando su posición.
Si este último es a favor de que se investigue, el juez puede asumir la tarea o delegarla en la fiscalía. En cualquier caso, la justicia puede solicitar medidas probatorias de los hechos denunciados y, según Castex, "como en los otros casos de jurisdicción internacional, libraría exhortos a distintos organismos para que remitan información solicitada”.
Los querellantes han acudido a la justicia federal argentina porque cuenta con experiencia en causas que involucran crímenes de Estado en otros países, como la que inició en 2010 para investigar la denuncia de delitos de lesa humanidad ocurridos durante el régimen del dictador español Francisco Franco (1939-1975).
