Fiscales colombianos acusaron el lunes a un excandidato presidencial de recibir al menos 2,8 millones de dólares de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que admitió haber pagado sobornos en América Latina para obtener contratos de infraestructura.
Oscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda que estuvo cerca de ganar las elecciones de 2014, fue acusado de fraude, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos. Acusado en una audiencia pública que duró cuatro horas, Zuluaga se declaró inocente.
Los fiscales dijeron que Zuluaga se reunió con ejecutivos de Odebrecht antes de la campaña presidencial de 2014 y acordaron un esquema a través del cual la empresa constructora ayudó a pagar los servicios de un estratega político, usando cuentas en Panamá.
Las autoridades dijeron que Zuluaga no denunció las contribuciones de Odebrecht ante el Consejo Nacional Electoral de Colombia, como lo exige la ley, e instruyó a su hijo, quien entonces era su director de campaña, para ocultar esos fondos.
Zuluaga era un aliado cercano del conservador Álvaro Uribe, quien fue presidente entre 2002 y 2010 y sigue siendo uno de los políticos más influyentes de Colombia. Uribe, quien lidera el Partido del Centro Democrático, encabezó una segunda candidatura presidencial de Zuluaga el año pasado y expresó su preocupación por sus posibles vínculos con Odebrecht.
El caso plantea nuevas preguntas sobre la participación de Odebrecht en la política colombiana, donde la empresa admitió haber pagado al menos $12 millones en sobornos a funcionarios del gobierno y ha estado vinculada a varias campañas. Los fiscales colombianos acusaron recientemente a un exministro de Transporte de ayudar ilegalmente a Odebrecht a obtener contratos para la ampliación de una carretera.
En 2016, Odebrecht confesó en un tribunal federal de Nueva York que había pagado casi 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países mientras competía por contratos de obras públicas. La compañía, que ayudó a construir estadios, aeropuertos y carreteras para la Copa del Mundo en toda la región, llegó a un acuerdo de culpabilidad con funcionarios estadounidenses, en el que acordó pagar al menos 3500 millones de dólares en multas.
El acuerdo de culpabilidad estimuló investigaciones en varios países latinoamericanos, incluidos Colombia, Ecuador y Perú. Los fiscales peruanos todavía están investigando los vínculos de Odebrecht con políticos influyentes que incluyen a exjefes de estado.
La empresa cambió su nombre en 2020 y ahora se conoce como Novonor.
