Los extranjeros que se identifican en el reporte entregado al Congreso son generalmente inelegibles para visas o para ingresar a territorio estadounidense o bien se les revoca de forma inmediata la visa de entrada a ese país.
Corrupción 21 de julio de 2022 SONIA PÉREZ D.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el miércoles que sancionó a 60 centroamericanos —entre ellos a magistrados de cortes, jueces, empresarios y políticos— a quienes señala de haber participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción u obstrucción de investigaciones del tema en la región.
Los extranjeros que se identifican en el reporte entregado al Congreso son generalmente inelegibles para visas o para ingresar a territorio estadounidense o bien se les revoca de forma inmediata la visa de entrada a ese país.
El documento con 61 nombres fue filtrado la noche del jueves pero no se hizo oficial sino hasta el miércoles. La lista es un requerimiento por ley que debe hacer el gobierno estadounidense y entregar al Congreso.
El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo por la tarde en su cuenta de Twitter que los pueblos de Centroamérica merecen la oportunidad de crear una región más democrática, próspera y segura.
En el caso de Guatemala, la lista incluye a 16 personas, entre las que se destacan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Vitalina Orellana Orellana y Nery Oswaldo Medina, por presuntamente haberse coludido con políticos y particulares para amañar la elección de cortes. Nunca fueron investigados.
La sanción a este país incluye también a José Rafael Curruchiche Cacul, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), por obstruir investigaciones de actos de corrupción desbaratando casos contra funcionarios de alto perfil y levantando aparentes denuncias falsas contra fiscales, abogados y extrabajadores de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG fue un organismo de Naciones Unidas que durante 12 años —2007 a 2019— desarticuló en el país centroamericano estructuras paralelas de corrupción y otros delitos que estaban incrustadas en el Estado guatemalteco.
Entre los políticos sancionados está la diputada y ex vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández, por hacer mal uso de su investidura política y por vínculos con narcotráfico. La directora del Instituto de la Víctima, Mayra Alejandra Carrillo, fue sancionada por al parecer minar la democracia usando su cargo público. Su esposo, el diputado Felipe Alejos, también fue sancionado hace meses, retirando la visa de entrada de aquel país y aplicándole la Ley Magnitsky, que prohíbe a toda empresa vinculada al sistema financiero estadounidense hacer transacciones financieras con los señalados.
El listado agregó a varios empresarios señalados de actos de corrupción como Ramón Campollo Codina y Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández. Ambos son empresarios vinculados al sector energético, pero también a otras industrias como el azúcar. A ambos se les señala de utilizar sobornos para beneficio propio.
Juan Pappier, de Human Rights Watch, dijo que en el caso de Guatemala se toma “la valiente decisión de incluir por primera vez a varios empresarios presuntamente involucrados en corrupción” y agregó que el sector empresarial de Guatemala debe saber que si sigue apoyando los planes para desmantelar las instituciones democráticas en el país “corren un riesgo serio de ser sancionados.”
En el caso de El Salvador, la lista incluye a seis personas, entre ellos, al vocero presidencial José Ernesto Sanabria por socavar la democracia y usar su cargo indebidamente, así como la influencia del presidente salvadoreño Nayib Bukele para presionar a opositores a renunciar bajo amenazas de iniciarles cargos penales.
Christian Reynaldo Guevara Guadrón, diputado y jefe de bancada del partido oficial salvadoreño, también fue incluido en la lista por socavar la democracia votando en por una ley antipandillas que criminaliza la diseminación de mensajes de pandillas en los medios, lo que es considerado por observadores como un intento de censura a medios. Al conocer la existencia del listado, Guadrón negó las acusaciones.
También se incluyó al asesor presidencial Francisco Javier Argueta Gómez por ser autor intelectual del proceso de destitución de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de El Salvador.
Entre los 15 hondureños sancionados se encuentran exfuncionarios de bancos, entre ellos, Elmer Jeovanny Ordoñez por malversar fondos destinados a combatir la pobreza rural. También el diputado Edgardo Antonio Casaña por estar comprometido en significante corrupción.
Los 23 sancionados en Nicaragua son jueces y fiscales que han investigado y condenado de forma expedita a opositores políticos al régimen de Daniel Ortega. Entre ellos destacan los jueces Ulisa Yahoska Tapia Silva, Nadia Tardencilla Camila Rodríguez, Felix Ernesto Salmeron Moreno y los fiscales Marling de Jesús Castro Rodríguez, María Francis Pérez Mojica.
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