El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a la primera dama y diputada, Cilia Flores. Caracas, 21 de noviembre de 2025.Jesus Vargas / Gettyimages.ru
NUEVA YORK, EE. UU.— El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, solicitaron a través de sus abogados que un tribunal federal de Nueva York desestime los cargos de narcotráfico que enfrentan en Estados Unidos, alegando que están protegidos por la inmunidad soberana que corresponde al jefe de Estado y a la primera dama de un país extranjero.
La petición fue presentada ante el tribunal y sostiene que el proceso constituye un caso sin precedentes, debido a que, según la defensa, ningún tribunal estadounidense ha llevado a juicio penal a un líder extranjero reconocido por su propio país como jefe de Estado en ejercicio al momento de presentarse los cargos.
“Ningún tribunal estadounidense ha presidido jamás el juicio penal de un líder extranjero reconocido por su propio país como jefe de Estado en activo”, argumentaron los abogados de Maduro.
La defensa sostuvo que la inmunidad de los jefes de Estado frente a procesos penales en tribunales extranjeros constituye una norma jurídica de larga data y que, por tanto, Maduro no debería ser sometido a un proceso penal en Estados Unidos.
Defensa también cuestiona el fondo de la acusación
Los abogados plantearon además un argumento alternativo: incluso si el tribunal determinara que Maduro no está protegido por la inmunidad soberana, el caso debería ser desestimado porque, a su juicio, la conducta atribuida al mandatario no constituye base suficiente para los cargos presentados por la Fiscalía estadounidense.
La defensa afirmó que, de llegar el caso a juicio, quedaría demostrado que las acusaciones contra Maduro son falsas.
La solicitud forma parte de la estrategia legal de Maduro y Flores para enfrentar el proceso que se sigue en Estados Unidos, mientras el tribunal deberá determinar primero si acepta los argumentos relacionados con la inmunidad y si el caso puede continuar.
La disputa judicial coloca nuevamente en el centro del proceso la cuestión de hasta dónde alcanza la inmunidad de un jefe de Estado extranjero ante la justicia estadounidense, un asunto que podría tener implicaciones relevantes para el desarrollo del caso.
