Madrid, España.– El Tribunal Supremo de España ratificó este jueves 8 de octubre la condena contra Carlos Luis Iglesias, hermano del reconocido cantante español Julio Iglesias, por un delito de fraude fiscal relacionado con operaciones realizadas a través de la sociedad Rolimpa Trading Corporation.
La decisión mantiene la pena de seis meses de prisión, además de una multa y el pago de una indemnización de 30 millones de euros, equivalentes a más de 33,6 millones de dólares.
La información fue difundida por la agencia EFE, a partir de una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo fechada el pasado 16 de septiembre y a la que tuvo acceso el medio.
Según la resolución, el tribunal rechazó el recurso presentado contra una sentencia dictada en noviembre de 2023 por la Audiencia Provincial de Madrid, que había declarado responsable a Iglesias por el impago del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio fiscal de 2001.
El caso está relacionado con la venta de tres solares ubicados en Vicálvaro, operación que generó ingresos superiores a 46 millones de euros, unos 51,5 millones de dólares al cambio citado.
La Justicia española determinó que los beneficios obtenidos mediante esa operación no fueron declarados ante la Hacienda Pública, pese a que la sociedad involucrada desarrollaba su actividad y mantenía sus activos en España.
Estructura societaria
De acuerdo con la sentencia, Iglesias recurrió a una estructura empresarial que incluía sociedades en Panamá, país considerado entonces un paraíso fiscal, además de cuentas bancarias en el extranjero y empresas interpuestas.
Según los magistrados, esta estructura permitió ocultar la identidad del beneficiario y evitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de la operación inmobiliaria.
Con la decisión del Tribunal Supremo, queda confirmada la responsabilidad penal de Iglesias por el fraude fiscal y la obligación de hacer frente a las consecuencias económicas establecidas por la Justicia española.
La sentencia se refiere a hechos correspondientes al ejercicio fiscal de 2001, por lo que el caso se remonta a más de dos décadas antes de la decisión definitiva del alto tribunal.
