Durante una entrevista con el periodista Héctor Herrera Cabral, en el programa D’AGENDAEl ministro de Trabajo, Eddy Olivares, advirtió a las empresas que operan mediante plataformas digitales que deben reconocer y garantizar los derechos laborales de las personas que prestan servicios a través de sus aplicaciones, al considerar que se trata de trabajadores que necesitan protección social.
El funcionario explicó que la economía de plataformas constituye una de las nuevas modalidades del mercado laboral y que el país debe adecuar su legislación para responder a esa realidad, en la que se encuentran quienes transportan pasajeros, entregan mercancías y desarrollan servicios tecnológicos para empresas nacionales e internacionales.
Durante una entrevista con el periodista Héctor Herrera Cabral, en el programa D’AGENDA, Olivares señaló que entre las plataformas que operan bajo este modelo figuran Uber, InDrive y PedidosYa, entre otras.
Indicó que, en muchos casos, los trabajadores realizan sus labores bajo las instrucciones de algoritmos, sin mantener contacto directo con representantes de las empresas para las que prestan servicios.
Advirtió que esa relación puede dejarlos desprotegidos frente a accidentes laborales, enfermedades o lesiones permanentes, debido a que muchos no están incorporados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
“Estas personas realizan un trabajo y no son empresarios, ya que apenas poseen una motocicleta; son trabajadores”, sostuvo el ministro al referirse a quienes se dedican a transportar alimentos y otros productos.
Olivares explicó que, cuando uno de estos trabajadores sufre un accidente, el Estado puede terminar asumiendo costos de atención médica que, de existir la cobertura correspondiente, podrían estar a cargo del sistema de protección de riesgos laborales.
Asimismo, señaló que una lesión permanente puede dejar al trabajador sin una pensión por discapacidad si no cuenta con la cobertura de seguridad social correspondiente, situación que también afecta a su familia.
Aboga por regular la economía de plataformas
El ministro afirmó que, tres días después de asumir el cargo, sostuvo una reunión con representantes de empresas que operan mediante plataformas digitales, cuyos ejecutivos defendieron la posición de que quienes utilizan sus aplicaciones no son empleados de esas compañías.
Sin embargo, consideró necesario examinar la naturaleza de la relación entre ambas partes para determinar las obligaciones que corresponden a las empresas y garantizar la protección de quienes realizan el trabajo.
Indicó que Europa y varios países de América Latina han avanzado en la regulación de esta modalidad laboral y señaló que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también ha abordado el tema.
Olivares adelantó que el Consejo Consultivo del Trabajo examinará esta realidad con el propósito de establecer mecanismos que permitan proteger a los trabajadores de plataformas mediante la legislación laboral dominicana.
Cuestiona el lenguaje de la Seguridad Social
En otro orden, el funcionario reconoció que el Sistema Dominicano de Seguridad Social enfrenta dificultades de comunicación debido al uso de términos técnicos y expresiones complejas que impiden a muchos ciudadanos comprender sus derechos y los procedimientos para acceder a los servicios.
“El Sistema de la Seguridad Social enfrenta un gran problema en cuanto a la comunicación, su lenguaje es complejo y poco accesible, lo que hace que muchas personas se sientan engañadas, aunque no debería ser así”, expresó.
Olivares, quien también preside el Consejo Nacional de Seguridad Social, consideró necesario simplificar la forma en que se explican los beneficios, las coberturas y las obligaciones del sistema, para que la población pueda comprenderlos con mayor facilidad.
Anunció que se propone organizar un encuentro con periodistas para abordar los problemas de comunicación de la seguridad social y promover una mayor divulgación de sus disposiciones.
El funcionario aclaró que el Consejo cuenta con múltiples sectores representados, entre ellos el Colegio Médico Dominicano, enfermeras y organizaciones de personas con discapacidad, además de los actores tradicionales del sistema.
Plantea modificar la Ley 87-01
Olivares también defendió la modificación de la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, al considerar que, después de 25 años, es necesario actualizar sus disposiciones y facilitar la incorporación de todos los trabajadores.
“Esta reforma debe llevarse a cabo porque han transcurrido 25 años; es necesario facilitar la entrada al sistema a todos aquellos que laboran”, manifestó.
Explicó que el Ministerio de Trabajo desarrolla, con apoyo de la OIT, un programa orientado a promover el empleo decente, para el cual entiende que resulta fundamental ampliar la protección de quienes participan en el mercado laboral.
Asegura que inspectores vigilan el trabajo forzoso
En cuanto a las condiciones laborales en el país, Olivares aseguró que el Ministerio de Trabajo mantiene inspectores en las calles y centros de trabajo para identificar posibles prácticas de trabajo forzoso.
El funcionario afirmó que las inspecciones realizadas por la institución no han encontrado evidencias de esa modalidad de explotación laboral y sostuvo que se mantiene una vigilancia especial en el sector azucarero.
“Debemos aclarar que no existe trabajo forzoso en el territorio nacional, pero cada día contamos con inspectores en busca de lugares donde pueda haber trabajo forzoso”, declaró durante la entrevista.
Explicó que, al inicio de cada zafra azucarera, técnicos del Ministerio se reúnen con trabajadores y ejecutivos de las empresas para establecer protocolos, además de realizar inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales.
Olivares recordó que Estados Unidos impuso restricciones comerciales a productos dominicanos por preocupaciones relacionadas con la posibilidad de importar mercancías elaboradas bajo condiciones de trabajo forzoso.
En cuanto al trabajo infantil, indicó que las inspecciones en el sector agrícola han permitido detectar situaciones que motivaron la adopción de medidas contra propietarios de fincas.
Citó un caso ocurrido en Azua, donde un trabajador llevaba a su hijo al lugar de trabajo y lo mantenía sentado mientras concluía su jornada, así como otro detectado en la provincia La Altagracia, donde, según explicó, varios jóvenes laboraban en el sector arrocero.
El ministro aseguró que en ambos casos se actuó contra los responsables, como parte de las acciones destinadas a prevenir el trabajo infantil y garantizar el cumplimiento de las normas laborales.
