Escribo estas líneas movido por una preocupación que me acompaña desde hace años y que se ha agudizado al integrarme a las filas del sistema judicial. Desde que tengo conciencia de cómo opera la justicia, le he guardado respeto, pero también un recelo que, con frecuencia, se traduce en miedo.
Hoy, tras una década dentro del sistema observando todo tipo de procesos, puedo decir que he presenciado situaciones que, en lo personal, he sentido como injustas. No obstante, más allá de la experiencia individual, me inquieta algo de mayor calado: la percepción social de la justicia.
Desde mis días como pasante en la Fiscalía del Distrito Nacional hasta mi formación actual como aspirante a fiscalizador, el eco es el mismo: ciudadanos que expresan desconfianza. Este temor no se limita a la institución de manera abstracta, sino que se proyecta hacia sus representantes: jueces, fiscales, abogados y, de forma crítica, hacia los agentes policiales, quienes constituyen el primer eslabón de contacto entre el ciudadano y el Estado.
Aquí surge una inquietud ineludible. Históricamente, el miedo ha sido una herramienta de control; los regímenes autoritarios lo han utilizado para someter a las sociedades, alimentándose del desconocimiento. Sin embargo, no pretendo quedarme en la historia, sino analizar el presente: ¿qué tipo de impacto estamos generando hoy los actores del sistema?
Parto de una pregunta sencilla pero estructural: ¿qué somos para la sociedad? ¿Simples figuras jerárquicas o verdaderos servidores públicos?
En muchos casos, parece que hemos olvidado nuestra esencia. Nuestro "nombre" fundamental no es fiscal, juez o policía; es servidor. Por definición, un servidor público debe ser una figura cercana y confiable que vela por el bienestar colectivo y la protección de los derechos fundamentales.
Soy consciente de que algunos podrían cuestionar estas reflexiones por no estar amparadas en estadísticas o estudios formales. No obstante, asumo esta postura desde la responsabilidad que otorga el contacto directo con la realidad. Cuando se le pregunta a un ciudadano si confía en la justicia, la respuesta suele estar empañada por la duda o el temor. Esa es la raíz del problema.
Tenemos una sociedad que nos teme porque no nos percibe como aliados, sino como figuras autoritarias que imponen su voluntad sin comprender el contexto humano. Y eso duele.
En mis encuentros con líderes comunitarios, la necesidad que más resuena es la de cercanía. La gente busca orientación, respuestas y, sobre todo, ser escuchada con dignidad. A veces, lo único que se requiere es un trato respetuoso y una explicación clara. Pero, en lugar de acortar distancias, a menudo el sistema levanta muros.
Cobra aquí un sentido amargo la frase atribuida a Winston Churchill: “El hombre no quiere servir, sino ser importante”. En la práctica, parece que a ciertos actores les seduce más el ejercicio del poder que la vocación de servicio. Cuando la empatía desaparece, el vínculo social se quiebra y la justicia deja de ser un refugio para convertirse en una amenaza.
La justicia no puede ser un instrumento de coacción psicológica; debe ser la garantía de los derechos. Utilizar el miedo como control solo evidencia nuestras debilidades institucionales y las fallas en nuestra formación humanística.
Reconozco que el reto es inmenso. Existen brechas educativas y conductas ciudadanas que dificultan el orden social, pero estoy convencido de que la cercanía y el buen trato son los únicos puentes capaces de sostener una democracia saludable. Es común escuchar al dominicano decir: “en otros países no actúan así” o “allá no maltratan”. ¿Por qué no podemos aspirar a esa misma cultura de respeto aquí?
Creo que es posible. Confío en la educación como motor de cambio y en el servicio como estilo de vida. Es hora de construir una justicia que no sea temida por su fuerza, sino respetada por su integridad y sentida por su cercanía.
