Denuncian amenaza al principio de inamovilidad judicial: El Poder político asalta el control de la justicia

El centro de la crítica del jurista José Ricardo Taveras Blanco reside en lo que considera una violación flagrante del principio de inamovilidad judicial.

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Jose Ricardo Taveras,abogado

El jurista y columnista José Ricardo Taveras Blanco ha levantado una seria preocupación sobre la independencia judicial, acusando al poder político de "asaltar el control de la justicia" y de violar el principio de inamovilidad de los jueces.

Según Taveras Blanco, esta maniobra se estaría llevando a cabo mediante un proceso de examen que contraviene el espíritu de la ley.

En su reciente columna, el jurista advierte que el asalto al control de la justicia es también una puerta de entrada para "los intereses corporativos que nunca han estado ausentes en el señalamiento de jueces dispuestos a servir a ambos señores".

 El centro de la crítica de Taveras Blanco reside en lo que considera una violación flagrante del principio de inamovilidad judicial.

Este principio establece que los jueces "no pueden ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley."

El columnista argumenta que el Consejo responsable no tiene la potestad de someter a los jueces a un nuevo examen para el cargo que ya ejercen, sino únicamente la obligación de evaluar el ejercicio de la función para la cual ya fueron examinados y accedieron previamente.

"El poder político asalta el control de la justicia... violando el principio de inamovilidad conforme al cual los jueces no pueden ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley," sentencia Taveras Blanco, señalando que la acción correcta del Consejo es evaluar, no examinar.

Las declaraciones del jurista ponen de relieve el debate actual sobre los límites y las atribuciones de los organismos de control del poder judicial frente a la garantía constitucional de la inamovilidad y la independencia de los magistrados.

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