Los abogados Rigoberto Rosario, Manuel Sierra e Ybo René Sánchez advirtieron al presidente Abinader que, de no designar un nuevo director, podría incurrir en violaciones legales, incluyendo la propia Constitución de la República.
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El presidente Luis Abinader ha sido formalmente intimado, mediante acto de alguacil, para que sustituya al director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, alegando que el oficial ha excedido el plazo legal máximo de permanencia de dos años en el cargo.
La acción fue ejecutada por los abogados Rigoberto Rosario, Manuel Sierra e Ybo René Sánchez, quienes notificaron al mandatario sobre las consecuencias legales que conlleva el mantenimiento del oficial en la posición, a la cual fue designado mediante el decreto 557-23.
Los juristas fundamentan su intimación en lo dispuesto en la Ley 590-16, específicamente en el párrafo del artículo 23. (Aunque el texto original menciona una fecha de designación de noviembre de 2023, la exigencia se basa en que el plazo legal de dos años para el cargo ha vencido).
El documento de intimación establece un plazo perentorio.
“Le intiman formalmente para que, en el improrrogable plazo de 15 días, más el término de la distancia si hubiere lugar a ello, proceda a designar un director general de la Policía en sustitución del actual por haberse vencido el plazo máximo de permanencia en el cargo que permite la normativa sobre la materia, tal y como lo dispone la Ley 590-16, en el párrafo del artículo 23”.
Advertencia de Violación Constitucional
Los abogados advirtieron al presidente Abinader que, de no designar un nuevo director, podría incurrir en violaciones legales, incluyendo la propia Constitución de la República.
“En consecuencia, no puede el presidente de la República violar deliberadamente con el mantenimiento en el cargo al director general de la Policía Nacional, vencido el tiempo máximo permitido en la indicada normativa legal”, precisaron los togados.
Se espera la reacción del Poder Ejecutivo ante esta intimación legal que busca la aplicación de la normativa que rige la designación del Director General de la Policía Nacional.
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