Comisión de Derechos Humanos se querella contra el CEA por presunta corrupción y despojo de terrenos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una querella formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez; el exdirector César Cedeño Ávila; y el gerente legal Carlos Garó Pérez.

La CNDH acusa a los funcionarios de presuntos actos de corrupción y de participar en maniobras para despojar a ciudadanos de sus propiedades.

La querella fue depositada por el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, y el abogado Moisés Sánchez Severino, en representación de Juan Rivera Cordero. Rivera Cordero ha estado en una batalla judicial desde 2017 por la parcela 21-C-2 en Santo Domingo Este, frente a la empresa Docar y su ejecutivo, Jangle Vásquez Rodríguez.

Mercedes afirmó que las irregularidades del CEA son parte de un patrón sistemático de corrupción que afecta a cientos de familias con títulos de propiedad legítimos. El dirigente señaló que la CNDH ha solicitado la destitución de Burgos Gómez en reiteradas ocasiones sin éxito, lo que motivó la acción judicial.

Incumplimiento de orden presidencial y presunta red de despojo
Según la querella, Burgos Gómez habría violado una disposición presidencial al emitir dos adendas irregulares que transfirieron siete lotes de la parcela en disputa a Docar, incluyendo el terreno de Rivera. Mercedes agregó que Vásquez Rodríguez, a través de una supuesta permuta en 2003, se habría adjudicado más de 70 terrenos del CEA y 32 de Bienes Nacionales, dejando a decenas de familias sin sus propiedades.

El abogado Sánchez Severino afirmó que, en marzo de 2025, el presidente Abinader emitió una orden para que Burgos Gómez formalizara la transferencia del terreno a Rivera. Sin embargo, el funcionario se habría negado a cumplir el mandato, supuestamente para favorecer a los intereses de la empresa Credigas, vinculada a Vásquez Rodríguez.

"Esta negativa a acatar una orden presidencial es una afrenta al Estado de derecho", advirtió Sánchez Severino.

Finalmente, Mercedes hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader para que actúe con determinación en este caso. La CNDH exigió a la PEPCA que desmantele esta presunta red de corrupción que, según ellos, pone en riesgo la seguridad jurídica de cientos de familias dominicanas.