FINJUS expresa profunda preocupación por la aprobación "sorpresiva" del Código Procesal Penal en el Senado

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestó su profunda preocupación por los sucesos que rodearon la aprobación de la reforma del Código Procesal Penal (CPP) en el Senado de la República. La entidad cívica denuncia que la versión aprobada el jueves 9 de octubre no se corresponde con el texto discutido y consensuado en la Comisión de Justicia del propio Senado.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, calificó este hecho como una "mala señal para la institucionalidad dominicana" y llamó a los legisladores a respetar el trabajo técnico realizado por su Comisión de Justicia, tal como lo exige el procedimiento legislativo.

 FINJUS, que desde sus orígenes ha promovido una reforma basada en la deliberación y la transparencia, lamentó que el debate no se haya abierto a la ciudadanía en la medida esperada. La organización advirtió que de haberse procedido con transparencia, este hecho preocupante "es muy probable que no se hubiera producido".

Además de alejarse del consenso técnico, FINJUS alertó que el contenido de la versión aprobada es "contrario a decisiones importantes tomadas por el Tribunal Constitucional dominicano" en los últimos años.

Riesgo para el debido proceso

La Fundación recordó que el CPP, aprobado en 2002, fue un hito en la historia jurídica nacional que transformó el sistema de justicia penal del siglo XIX al siglo XXI.

"Si bien aún persisten importantes desafíos, las conquistas alcanzadas a través de esa reforma representan avances irrenunciables para la democracia y el Estado de derecho. El debido proceso, consagrado como derecho constitucional, no puede ponerse en riesgo bajo ninguna circunstancia."

FINJUS confía en que el Senado "recupere el espíritu de consenso" que inspiró la reforma original y exhortó a los legisladores a abrir un debate amplio y participativo que permita escuchar a la comunidad jurídica y a la ciudadanía en general antes de dar continuidad al proceso legislativo.