Participación Ciudadana alerta sobre "retrocesos graves" en la propuesta de modificación al Código Penal

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana ha manifestado su profunda preocupación ante la aprobación en primera lectura por parte del Senado de la República de un proyecto de reforma al Código Penal. La organización advierte que la iniciativa contiene "múltiples disposiciones que consideramos graves retrocesos en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, igualdad y acceso a la justicia".

Aunque reconoce la urgente necesidad de dotar al país de un nuevo Código Penal para enfrentar delitos complejos como el crimen organizado, los delitos tecnológicos, medioambientales y nuevas formas de corrupción, Participación Ciudadana subraya que el proyecto incluye aspectos "sumamente peligrosos para la democracia y el Estado de derecho".

Preocupaciones Principales del Proyecto Aprobado:
Participación Ciudadana ha detallado las siguientes objeciones al proyecto de Código Penal:Exención de Responsabilidad Penal para Instituciones: El proyecto exime de responsabilidad penal a instituciones públicas y privadas como el Estado, ayuntamientos, juntas municipales, iglesias y partidos políticos.

Esto, según la organización, viola el principio constitucional de igualdad ante la ley, creando privilegios y propiciando impunidad y falta de rendición de cuentas.

Penalización del Aborto sin las Tres Causales: Se establece una pena de prisión de 1 a 2 años para las mujeres que interrumpan un embarazo, sin excepción alguna. Esto ignora "una conquista de nivel mundial" en casos donde la vida de la madre esté en peligro, el embarazo sea producto de violación o incesto, o se compruebe inviabilidad fetal. Solo se contempla una eximente limitada para los médicos, sin reconocer el derecho de las mujeres a decidir en situaciones extremas.

Retrocesos en el Combate a la Corrupción: El proyecto ignora la solicitud de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, a pesar de que Participación Ciudadana los considera "casos de lesa humanidad que ofenden y agravian a la sociedad en su conjunto" y que son responsables de la carencia de recursos públicos para la salud y otras necesidades prioritarias.

Persistencia de la Jurisdicción Militar: Se mantiene la competencia de los tribunales militares para conocer infracciones penales de policías y militares. Esto contraviene la sentencia TC/0350/19 del Tribunal Constitucional, que dispuso que los tribunales militares y policiales solo tienen potestad sobre ilícitos administrativos disciplinarios, no sobre procesos penales que son propios del Poder Judicial.

Ambüedad sobre Espionaje: El texto aprobado es ambiguo y podría prestarse para restringir el ejercicio del periodismo, la libertad de prensa, el acceso a la información, el derecho a la privacidad y la lucha por los derechos humanos.
Retrocesos en la Protección contra la Discriminación:

Exclusión de la orientación sexual como categoría protegida contra la discriminación, lo que atenta contra el principio de igualdad constitucional.
Permisión de discriminación bajo conceptos ambiguos como “libertad de conciencia y de culto” o “buenas costumbres”, que históricamente han sido utilizados para justificar actos de exclusión.

Condicionamiento de la persecución penal de la discriminación a una denuncia previa, dificultando el acceso a la justicia para personas vulnerables.

Libertad de Expresión en Riesgo: Se mantienen penas privativas de libertad por difamación (de uno a dos años) e injuria (hasta un año). Esto contraría la tendencia regional e internacional a despenalizar estas figuras y tratarlas en la jurisdicción civil, afectando gravemente la libertad de expresión y de prensa.
 
Llamado al Congreso Nacional y al Presidente Abinader
Ante este panorama, Participación Ciudadana hace un llamado al Congreso Nacional, en particular a la Cámara de Diputados, para que actúen con responsabilidad democrática y abran un espacio real de diálogo. El objetivo es producir un Código Penal que fortalezca la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, alineado con los principios constitucionales y los estándares internacionales.

Finalmente, la organización exhorta al presidente Luis Abinader a ser coherente con sus promesas de campaña y, en caso de que el Código Penal sea aprobado con estas fallas, utilice su derecho constitucional a observarlo y solicitar al Congreso las modificaciones señaladas.