Más de 8,000 servidores públicos han sido capacitados para prevenir malas prácticas en contrataciones públicas, sobornos y gestión de riesgo de corrupción.
Actualidad y Tendencias14 de julio de 2025
El presidente Luis Abinader presentó este lunes los avances en el establecimiento de un régimen de consecuencias contra la corrupción en la República Dominicana, reafirmando el compromiso de llevar a la justicia a cualquier persona con acciones que comprometan el patrimonio público, "sin importar quién sea ni el momento que sea”.
El gobierno, con el objetivo de sancionar el incumplimiento de la transparencia en todos los órganos y entes públicos bajo el Poder Ejecutivo, ha remitido 287 casos de faltas administrativas al Ministerio de Administración Pública (MAP) y ha llevado 49 casos de funcionarios públicos actuales al Ministerio Público (MP). Además, se han recuperado RD$6,500 millones del patrimonio público, y hay más de RD$130,000 millones en casos bajo investigación.
“Podemos decir que somos el primer gobierno que ha establecido un régimen de consecuencias a todos los niveles. Hoy estamos más firmes que nunca en la lucha contra la corrupción, en que no debe haber impunidad, en que se deben respetar los bienes públicos”, destacó Abinader.
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
La DIGEIG ha sido un pilar en la promoción de una gestión pública transparente. Entre enero y marzo de 2025, 230 instituciones fueron evaluadas, y 211 de ellas obtuvieron entre 85 y 100 puntos, lo que, según el informe, demuestra un alto compromiso institucional con la transparencia.
Como un hito en la transparencia, el gobierno ha emitido el Decreto No. 166-25, el primero que sanciona el incumplimiento de la transparencia, que será aplicado a partir de septiembre y establece la pérdida de beneficios extraordinarios y sanciones administrativas. Previamente, el Decreto No. 791-21 transformó las antiguas Comisiones de Ética Pública en Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento, operando desde el interior de las instituciones.
Más de 8,000 servidores públicos han sido capacitados para prevenir malas prácticas en contrataciones públicas, sobornos y gestión de riesgo de corrupción. Se han desarrollado 96 matrices de riesgo y se trabaja para fortalecer el Sistema Nacional de Integridad Pública con la asesoría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La DIGEIG también realizó el primer estudio sobre servidores electos, confirmando que 60 instituciones contaban con funcionarios electos en los comicios municipales.
Entre 2020 y 2025, se remitieron 287 expedientes al MAP por abuso de poder, acoso o maltrato laboral, nepotismo y duplicidad de funciones. Un total de 49 casos fueron enviados al Ministerio Público con un tiempo de respuesta promedio de 55 días, agilizando el proceso establecido. La participación ciudadana, a través de denuncias, ha sido clave en estas investigaciones.
Unidad Antifraude y Procuraduría General de la República
La Unidad Antifraude de la Contraloría General, enfocada en la prevención e investigación, ha realizado entre 2021 y 2024:
368 colaboraciones con la Procuraduría General.
31 acciones de prevención.
20 análisis financieros forenses.
72 análisis de denuncias.
Su eficacia radica en la robusta base de datos y la sinergia con otros órganos de control. El Decreto 382-25 formalizó esta unidad como un mecanismo preventivo técnico.
En cuanto a la persecución de la corrupción, se destaca una mayor independencia y capacidad de actuación de la Procuraduría General de la República. La DGCP y la Unidad Antifraude han procesado más de 600 solicitudes del Ministerio Público, evidenciando una coordinación efectiva para que los informes de auditoría se traduzcan en acciones judiciales concretas.
Como resultados tangibles, se han llevado a la justicia casos de corrupción como Calamar, INTRANT: Pago RD, sobornos en áreas de seguridad y agricultura, asfalto, CESTUR, Operación 13, MINERD e INAIPI (estos dos últimos en investigación).
Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)
La DGCP ha fortalecido la prevención al monitorear más de RD$853 mil millones para evitar irregularidades. Se han cancelado o detenido 517 procesos de compras sospechosas, protegiendo más de RD$43 mil millones, y se han emitido 112,000 alertas a instituciones públicas.
Se implementó el Programa de Cumplimiento Regulatorio en 30 instituciones clave, cubriendo el 85% del presupuesto público, para mejorar la vigilancia en las compras estatales. Además, 567 proveedores han sido suspendidos por impedimentos legales, y 144 inhabilitados por fraude documental. Se han entregado 3,900 certificaciones para procesos investigativos y 13 casos han sido llevados al Ministerio Público.
La proactividad de la DGCP se evidencia en 16 investigaciones iniciadas sin denuncias externas, resultando en la suspensión de 12 procesos y la anulación de 35, con un valor superior a RD$6,500 millones. El 93% de las reclamaciones reciben respuesta, y se registra un 88% de éxito en la defensa ante el Tribunal Administrativo.
El robusto marco legal incluye la promoción de la Ley de Contrataciones Públicas con sanciones claras y la implementación del Reglamento 416-23 para actualizar y fortalecer el sistema de compras. También se crearon el monitoreo preventivo, el código de pautas éticas, el sistema de alertas y Siscompras.
El Decreto 385-25 sobre Gestión de Bienes de Consumo institucionaliza un modelo eficiente para los bienes y suministros de uso recurrente en el Poder Ejecutivo, fortaleciendo la eficiencia y transparencia desde la compra hasta la disposición final.
Dirección General de Presupuesto (DGP) y Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP)
La DGP ha trabajado para garantizar un uso responsable de los recursos públicos, fortaleciendo el sistema presupuestario y la contención del gasto.
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), creado por decreto en 2021, opera con un modelo único: sus integrantes cobran solo si recuperan activos. Este equipo, compuesto por expertos en diversas ramas del derecho, trabaja con autonomía y respeto a los procesos judiciales, logrando resultados significativos.
Los logros financieros incluyen más de RD$6,500 millones ya recuperados (RD3,500millonesenrecuperacioˊndirectayRD3,000 millones en el caso EDES). Además, hay más de RD$130,000 millones en casos en curso. Estos resultados buscan mejorar los indicadores de percepción sobre corrupción y fortalecer la confianza ciudadana.
Los retos enfrentados por el ERPP incluyen la resistencia de funcionarios, el acceso limitado a información internacional, la presión de poderes fácticos y las limitaciones legales y logísticas.
Liderazgo Internacional
La República Dominicana ha asumido un rol de liderazgo internacional, presidiendo la Red Interamericana de Compras Gubernamentales de la OEA, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) y la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública Iberoamericana (RTA).
Es también el único país de Latinoamérica miembro observador del Comité de Contrataciones Públicas de Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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