Los abogados Jorge Luis Polanco Rodríguez, Jorge López Hilario, José Luis Almanzar y Claudio Luna, miembros del equipo de abogados para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), hicieron el pedimento a las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto, quienes conocen el juicio de fondo.
Los abogados igualmente requirieron al tribunal imponer medidas de coerción real, consistentes en hipotecas judiciales provisionales y embargos en contra de todos los imputados y entidades vinculadas por la suma de RD$23,903,465,542.00, así como el levantamiento del velo corporativo y la declaratoria de conjunto económico de todas las entidades que formaron parte del entramado.
Igualmente, pidieron que se cumplan las penas establecidas en la normativa penal vigente conforme a los ilícitos que se les atribuyen y cuyos elementos constitutivos serán demostrados de conformidad con la relatoría fáctica y las pruebas que se encuentran descritas en la presente instancia.
“Pedimos declarar la validez de las medidas conservatorias ordenadas por el séptimo juzgado de la instrucción mediante resolución de apertura a juicio por el monto de RD$475,000,000 a favor del Estado dominicano”, acotó el abogado López Hilario.
La instancia fue incoada en contra de Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalys Medina Sánchez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, entre otros, a quienes el Ministerio Público pidió condenar con penas de 3 a 20 años de prisión.
Así como a las entidades Domedical Supply, S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez, S.R.L., General Medical Solution Am, S.R.L., United Suppliers Corporations, S.R.L., Kyanred Supply, S.R.L., General Supply Corporation, S.R.L., Wattmax Dominicana, S.R.L., Fuel American Inc., Dominicana, S.R.L., Fundación Tornado Fuerzas Vivas, Reivasapt Investment, S.R.L., Fire Investment Group Fig, S.R.L., Oltaman Realty Business, S.R.L., Medi-Prome, S.R.L., Comercial Matex, S.R.L., Rotinsa, S.R.L. y Veintisiete 328, S.R.L.
Sostienen que, como se demuestra con las evidencias recolectadas, el imputado Alexis Medina, prevaleciéndose de su parentesco de hermano de padre y madre con el expresidente Danilo Medina Sánchez en los períodos gubernamentales 2012-2016 y 2016-2020, conformó una macroestructura integrada por los coimputados.
Además, alegan que tenía entidades de carpeta que adquirió, y otras, para un total de 16 hasta el momento identificadas, con el propósito deliberado de poder gestionar, con sus influencias, contratos con entidades del Estado dominicano, sin tener antecedentes en el mercado privado, sin experiencia, sin estructura operativa, capacitación técnica profesional ni personal que permitiera ofrecer estos servicios. Se verificó que este entramado, en franca competencia desleal con las tradicionales empresas que lícitamente operan en el país, fue concebido exclusivamente para lucrarse del Estado dominicano.
De acuerdo con los abogados, el supuesto entramado de corrupción, conformado bajo el liderazgo de Alexis Medina, comprendía actividades comerciales desde: combustibles; alimentos y bebidas; cocinas, camas y artículos de limpieza e higiene; insumos de cocina; artículos, muebles y mobiliario de oficina; construcción; pintura; indumentarias; artículos deportivos; equipos médicos; equipos de laboratorio; consultorías profesionales en diferentes materias; servicios de seguridad; equipos de seguridad y pertrechos militares.
Aducen que para lograr contratar con el Estado dominicano con este diverso catálogo de servicios y bienes, el imputado Alexis Medina contó con la indispensable participación activa y estratégica de exfuncionarios públicos: Magalys Medina Sánchez, vicepresidenta y directora administrativa del FONPER en el período 2016-2020, quien hacía las invitaciones a las empresas del entramado para las licitaciones y autorizaba los pagos; Fernando Rosa Rosa, presidente del FONPER en el período 2012-2020; Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exdirector de fiscalización de la OISOE en el período comprendido 2015-2020; Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, ministro de Salud Pública del período 2012-2015; y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República del período 2012-2016.
