Guillermo Moreno plantea: “Es hora de indexar por inflación el salario base para el pago del impuesto sobre la renta”

El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, se pronunció este viernes sobre la omisión sistemática del ajuste por inflación que ordena el artículo 327 del Código Tributario dominicano, calificando esta práctica como una injusticia fiscal que afecta directamente a los trabajadores de clase media baja del país.

Actualmente, los trabajadores que devengan ingresos desde RD$34,685 mensuales están obligados a pagar el impuesto sobre la renta. Sin embargo, el artículo 327 establece que dicha base imponible debe actualizarse cada año conforme a la inflación acumulada, con el fin de preservar el poder adquisitivo de los contribuyentes. Esta disposición legal ha sido suspendida año tras año, tanto en los gobiernos de Danilo Medina como en el actual de Luis Abinader.

“Ya van ocho años de incumplimiento sistemático. Si se hubiese aplicado la indexación correspondiente, hoy el umbral para pagar el impuesto sobre la renta sería $50,098.00 pesos mensuales, según estudios de economistas de reconocida trayectoria”, afirmó el Dr. Moreno.

El dirigente político subrayó que esta omisión tiene un alto costo social, pues mantiene a miles de trabajadores pagando impuestos con salarios que han perdido valor real por efecto de la inflación. “No se trata de un simple tecnicismo fiscal, se trata de una medida de justicia fiscal. 

Actualizar el umbral impositivo conforme a la inflación permitiría a miles de trabajadores dominicanos disponer de un mayor ingreso, aliviando el alto costo de la vida”, agregó.

Moreno hizo un llamado al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo a detener la práctica de suspender esta indexación cada vez que se somete el presupuesto nacional. “Es hora de respetar la ley. La aplicación del artículo 327 no es opcional, es una obligación que el Estado tiene con sus ciudadanos y su calidad de vida”, concluyó.

Con esta declaración, Moreno refuerza su compromiso con la equidad fiscal y la defensa de los derechos económicos de la población trabajadora dominicana.