En seis días se cumplirán 40 años desde el asesinato de Enrique Kiki Camarena Salazar, el agente de la DEA que puso al descubierto el poder del Cártel de Guadalajara, lo que le valió ser secuestrado y torturado hasta la muerte; las investigaciones apuntaron a Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero como los responsables, este último por fin entregada a las autoridades de Estados Unidos.
La historia oficial refiere que Kiki Camarena se infiltró en el Cártel de Guadalajara y descubrió el rancho El Búfalo, un sembradío de marihuana desplantado en 544 hectáreas, capaz de cultivar más de 2 mil 500 toneladas -otros reportes dicen que 10 mil toneladas-, para cuya cosecha se necesitaban hasta 10 mil hombres.
El agente de la DEA fue secuestrado en la ciudad de Guadalajara el 9 de febrero de 1985 y su cuerpo encontrado casi un mes después en una zona rural del poblado de La Angostura, en el estado de Michoacán.
30 años intentando extraditar a Caro Quintero
El “narco de narcos”, como apodaban a Rafael Caro Quintero, fue detenido en abril de 1985 en San Rafael de Ojo de Agua, en Alajuela, Costa Rica, junto a él se encontraba Sara Cosío, sobrino de Guillermo Cosío Vidaurri, un político de Jalisco que llegó a ser gobernador.
El líder del Cártel de Guadalajara y luego fundador de los cárteles de Sinaloa y Caborca recuperó su libertad en el año 2013, pero fue recapturado en 2022 tras un operativo de la Secretaría de Marina en el municipio de Choix, Sinaloa.
“No hay escondite para alguien que secuestra, tortura y asesina a agentes de la ley de EEUU. Estamos profundamente agradecidos a las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Rafael Caro Quintero”, se leyó en un comunicado emitido por el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.
Desde entonces los abogados de Rafael Caro Quintero promovieron una serie de amparos para intentar frenar su extradición a Estados Unidos, algo que habían conseguido hasta el pasado 22 de febrero, cuando un juez otorgó la suspensión de plano y de oficio, bajo el argumento de que “su traslado a Estados Unidos de América haría física y jurídicamente imposible el que el presente asunto se resuelva y se reparen las violaciones a sus derechos humanos”.
