Migración elimina 56,140 impedimentos de salida y alertas sin sustento judicial

La Dirección General de Migración (DGM) ha eliminado 56,140 impedimentos de salida del país y alertas migratorias que afectaban a ciudadanos y que, tras un proceso de revisión, no contaban con sustento judicial o habían cumplido su finalidad, como parte de una depuración requerida por la Procuraduría General de la República (PGR).

La medida busca garantizar que permanezcan activos únicamente los impedimentos de salida y las alertas migratorias que tengan fundamento legal, con el propósito de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente la libertad personal y el libre tránsito.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó formalmente al director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que proceda a levantar los registros que no cumplan con los requisitos legales, independientemente de la institución o autoridad que los haya colocado.

El proceso es resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y la Dirección General de Migración, que examinó los registros acumulados desde 1990 para identificar irregularidades, errores administrativos y restricciones que ya no tenían razón de mantenerse vigentes.

De acuerdo con la Procuraduría, la revisión permitió detectar registros que carecían de órdenes judiciales emitidas por autoridades competentes, así como impedimentos vinculados a procesos judiciales concluidos o que habían cumplido los fines para los cuales fueron establecidos.

La disposición abarca tres categorías: registros individualizados sin fundamento legal, registros históricos no individualizados acumulados entre 1990 y 2026 y registros individualizados cuyos objetivos ya se habían cumplido.

La institución explicó que la depuración no representa únicamente una actualización de la base de datos migratoria, sino también una medida para corregir una distorsión histórica que afectaba el derecho de los ciudadanos a desplazarse libremente fuera del territorio nacional.

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa fortalece el cumplimiento de la Constitución dominicana, particularmente de los artículos 40 y 46, relativos a la libertad personal y al libre tránsito, así como las atribuciones del Ministerio Público establecidas en el artículo 169.

El proceso también se desarrolla conforme a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La Procuraduría y Migración continuarán trabajando en la revisión de los registros hasta completar la depuración de la base de datos y poner en funcionamiento un nuevo sistema de interoperabilidad para gestionar la colocación y el levantamiento de impedimentos de salida.

La entrada en vigor de esa plataforma está prevista para diciembre de 2026, con el objetivo de mejorar la coordinación entre las instituciones y evitar que se mantengan restricciones migratorias sin el debido respaldo legal.

La información fue ofrecida por la Dirección General de Comunicación, Prensa y Relaciones Públicas del Ministerio Público, en un comunicado fechado el martes 20 de octubre de 2026.