La magistrada Nancy Salcedo, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia explicó que abogados expertos laboralistas han calificado el acoso sexual laboral como la plaga del siglo XXI, la cual debe ser abordada.
JusticiaAyer
Las comisiones para la Igualdad de Género del Poder Judicial y del Protocolo de Actuación contra la Violencia, Discriminación y Acoso, junto a la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) realizaron la charla de sensibilización del “Protocolo de Actuación contra la Violencia, Discriminación y Acoso del Poder Judicial”.
El objetivo de actividad es propiciar un entorno social y laboral saludable, libre de hostigamiento, discriminación y acoso sexual, mediante la aplicación de medidas y respuestas preventivas; así como responder de manera efectiva en los casos que lleguen a producirse.
La magistrada Nancy Salcedo, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género, y la magistrada Vanessa Acosta, jueza de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Comisión sobre el Protocolo de Actuación contra la Violencia, Discriminación y Acoso de la Institución, pronunciaron las palabras de bienvenidas, manifestando su satisfacción por la acogida de esta ronda de talleres de sensibilización que se imparten a nivel nacional.
Nancy Salcedo explicó que abogados expertos laboralistas han calificado el acoso sexual laboral como la plaga del siglo XXI, la cual debe ser abordada.
La magistrada Vanessa Acosta definió como crucial la reafirmación de un entorno laboral seguro, respetuoso e inclusivo para todos.
El panel central del evento estuvo a cargo de la psicóloga María Magdalena Lugo Liriano, quien habló del tema “Afecciones emocionales y psicológicas del acoso laboral y sexual”.
Según la profesional de la conducta, el acosador laboral es un mentiroso profesional del cual recomienda poner límites y alejarse.
Sostuvo que esa situación no solo perjudica a la persona acosada, sino también a todo su entorno familiar, relación de pareja e hijos.
Detalló que el acoso laboral y sexual crea miedo, enojo, paranoia, ansiedad, depresión, dolor, desesperación, impotencia, desesperanza e impacto en la salud física, entre otros malestares.
La dinámica del taller estuvo a cargo de las magistradas miembros de las subcomisiones de Género de Santo Domingo; Elka Reyes, jueza de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes; Eudelina Salvador y Sarah Veras, de la Corte Penal de dicha provincia.
La Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial es el órgano encargado de monitorear e informar del cumplimiento de las acciones aprobadas en el marco del Protocolo, así como de los compromisos asumidos mediante ratificación por el Estado Dominicano de instrumentos internacionales.
El Protocolo de Actuación contra la Violencia y Discriminación define el acoso laboral como toda conducta, comportamiento o incidente que constituya agresión u hostigamiento reiterado, ejercida contra el empleado.
Mientras, que el acoso sexual es toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizado por una persona que abusa de la autoridad que le confiere sus funciones.
La Inspectoría General del Poder Judicial es la dependencia encargada de recibir y tramitar las denuncias y quejas presentadas por casos de discriminación, violencia, acoso laboral y sexual en el ámbito laboral de jueces (as), servidores judiciales y de personas usuarias.
A la actividad, celebrada en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, asistieron el juez de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, Jhonattan Toribio, director general de Administración y Carrera Judicial; así como jueces y juezas de distintas jurisdicciones, personal de Justicia Inclusiva y servidores judiciales, entre otros.
El perjurio, según señalaron las autoridades, pone en riesgo la correcta impartición de justicia y será perseguido con todo el peso de la ley.
Los imputados son el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de Custodia de las Armas y Municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
La consulta tiene como objetivo obtener aportes de actores claves y del público en general sobre los problemas, prioridades y expectativas para mejorar la administración de justicia
La solicitud deposita en el tribunal, respaldada por 213 páginas y 135 elementos de prueba, busca prisiónn preventiva y la declaración de complejidad del caso
Entre los detenidos se encuentra un coronel que dirigía la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, entidad que, junto al Ministerio de Interior y Policía, solicitó la investigación.
Señaló que el 85% de los feminicidios ocurren sin que las víctimas hayan presentado denuncias previas, lo que limita la capacidad de las autoridades para actuar a tiempo.