La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, aplazó para el próximo 25 de noviembre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los integrantes de una banda de policías que sustrajo más de 900 mil municiones que luego fueron vendidas a pandillas en Haití.
El tribunal adoptó la medida a solicitud de la defensa.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión y que el caso sea declarado complejo.
Los imputados son el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de Custodia de las Armas y Municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
Los capitanes Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el auditor Víctor Manuel Santos, este último había alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central; el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (Escobar) y Moreibín Medina Pérez y la imputada Miguelina Bello Segura, pieza clave en la parte operativa de la organización criminal.
Las 900 mil municiones sustraídas por oficiales y subalternos de la Policía Nacional poseen un valor superior a los RD$250 millones, tomando en cuenta el precio de estas en el mercado local.
Gran parte de las municiones sustraídas fueron traficadas y comercializadas en Haití.
El caso surgió luego de que la misión de la Organización de Estados Americanos (ONU) en Haití diera la voz de alerta a las autoridades dominicanas al detectar que municiones en poder de algunos pandilleros estaban en envases identificados como de la Policía Nacional.
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