
El Juzgado de la Instrucción de San Juan de la Maguana, había dictado una medida de coerción a Edward Santana Núñez, consistente en una garantía económica de RD$20,000 e impedimento de salida del país
La Fundación Primero Justicia advierte de grave atentado a la seguridad Jurídica e Institucional del País, imponer reforma constitucional al margen del procedimiento instaurado en nuestra carta magna
Justicia29 de octubre de 2024La Fundación Primero Justicia interpuso una acción constitucional de amparo, a los fines de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA), ordene a la Asamblea Nacional Revisora y a la Junta Central Electoral (JCE), la celebración de un referéndum aprobatorio que valide las reformas constitucionales sometidas por el Luis Abinader.
El presidente de la entidad, Miguel Surun Hernández dijo que constituye un grave atentado a la institucionalidad, ya que el precedente sería que cualquier reforma de cualquier artículo de la Constitución, con solo agregar el famoso transitorio de que por “excepción el referéndum aprobatorio no le aplica a la presente reforma”, tal y como se hizo en la disposición transitoria sexta de la citada reforma.
Sostuvo que denunciarán en los foros internacionales, la crisis de institucionalidad que afecta al país y que impactará de manera decisiva la administración de justicia en la República Dominicana y el estado de derecho tan importante para la atracción de inversionistas, por lo que llamamos a la cordura para que no se haga un daño irreparable cable al futuro institucional de la República Dominicana.
Recordó que en virtud de las disposiciones del artículo 267 de la constitución, sólo podrá ser modificada en cumplimiento estricto del procedimiento dictado en la misma, sin lo cual, dicha reforma constitucional, no existe, carece de vigencia, de suerte tal, que hasta que no se produzca el referido referéndum aprobatorio, la reforma proclamada el domingo pasado, carece de validez y de vigencia alguna, advirtió Surun Hernández.
La Asamblea aprobó la reforma constitucional que además otorgan la atribución de nombrar alcalde y Vice Alcaldes, que además, reduce la cantidad de diputados, disponiendo que sean electos en el 2028, con el Ceso del 2010, restringiendo el Derecho a Elegir y Ser Elegible.
Asimismo, el Derecho a aprobar o rechazar mediante el Referéndum, la Reforma Constitucional que Restrinja, limite o modifique derechos fundamentales o que cambie procedimiento de reforma constitucional al tenor del artículo 272 de la Constitución; incluyendo el Derecho a legalidad de actuación de funcionarios públicos; y el Derecho a Ejercer Deberes Ciudadanos, al tenor de los artículos 2, 4, 5, 6, 22, 74, 75.2, 75.12 y 139 de la Constitución Dominicana.
El Juzgado de la Instrucción de San Juan de la Maguana, había dictado una medida de coerción a Edward Santana Núñez, consistente en una garantía económica de RD$20,000 e impedimento de salida del país
Un equipo de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, respaldado por 189 agentes de la Policía Nacional, trabajó para desmantelar esta red y en las próximas horas depositaràn medida de coerción
El tribunal dispuso que los imputados deberàn cumplir la medida en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Reiteró que las normativas promulgadas adquieren obligatoriedad conforme a los plazos establecidos en la Constitución y el Código Civil dominicano.
Durante su intervención, Jhon Richard Paniagua Feliz reiteró que la educación continua constituye un pilar fundamental de su gestión, enfocada en fortalecer el perfil técnico, jurídico y ético del notariado dominicano
La entidad también identificó un esquema de recaudación fraudulento operado a través de la empresa Pago RD Xchange, la cual está estrechamente relacionada con Dekolor.
Según su testimonio, el objetivo de la administración sería despojarlos de sus propiedades para dar paso a la construcción de un nuevo complejo hotelero , lo que, afirman, representa un atropello a su inversión
Durante la jornada, el organismo no solo vendió bananos, sino que también ofreció una variedad de productos en su patana y bodegas móviles, incluyendo arroz, aceite, pollo, papas, cebollas, ajos, entre otros.
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Reiteró que las normativas promulgadas adquieren obligatoriedad conforme a los plazos establecidos en la Constitución y el Código Civil dominicano.