El Consejo de Seguridad Nacional de República Dominicana informó este lunes que cerrará definitivamente sus fronteras con Haití a partir del venidero 15 de septiembre, debido al reinicio "unilateral" de los trabajos de la presa sobre el río Masacre, que para las autoridades dominicanas, se estarían traduciendo en el desvío de aguas que son compartidas hacia al país vecino.

En un comunicado publicado en el portal oficial de la Presidencia, se precisa que el Consejo resolvió "mantener el cierre total de la frontera por Dajabón" y extender la resolución para "el comercio terrestre, marítimo y aéreo", en el caso de que el conflicto no se resuelva antes del próximo jueves.

Del mismo modo, en el documento se anuncia que se reactivará "la toma de la Aduana en el río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos" y se anuncia el inicio de la construcción de la presa Don Miguel, "solución definitiva" que, según estimaciones, estará lista en "unos 30 meses".

Adicionalmente, se resolvió "suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso".

Decisión unilateral
La administración del presidente Luis Abinader aseguró que los promotores de la construcción unilateral son "empresarios y políticos que buscan garantizar el suministro de agua con fines comerciales", cuyas acciones no son avaladas por Puerto Príncipe.

En otro punto de la declaración se indica que "el Gobierno haitiano ha admitido en repetidas ocasiones que no tiene la capacidad para resolver conflictos internos debido a la pérdida del monopolio de la fuerza del Estado haitiano a manos de organizaciones criminales".

Se destaca, asimismo, que el Gobierno dominicano considera que el proyecto "viola claramente el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje" entre las dos naciones y que los particulares de Haití que decidieron emprender el proyecto pretenden "perjudicar a su propio gobierno y generar un conflicto" entre las dos naciones antillanas.

Pese a lo dicho, la Presidencia dominicana afirmó que solicitará "una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva".

Crisis agudizada
Según estimaciones del Gobierno dominicano, cerca de 600.000 haitianos residen irregularmente en su territorio, mientras que organizaciones de derechos humanos han denunciado que en 2022, Santo Domingo deportó a unas 160.000 personas hacia el país vecino.

Adicionalmente, Abinader anunció el pasado año la construcción de un muro de hormigón a lo largo de 164 kilómetros de los 391 que conforman la frontera común.

De acuerdo con la versión oficial, el cerco tendría como objetivos frenar la migración irregular, intensificada a partir del magncidio del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, y poner límites al contrabando y a los problemas de seguridad en la línea fronteriza.

Sin embargo, todavía no está claro cómo esta política de cierres impactará en la economía dominicana de la frontera, altamente dependiente de los intercambios comerciales con Haití, particularmente en la población de Dajabón, donde el muro se construye con mano de obra haitiana.