El tribunal dicto la medida en contra de Juan Agustín Batista, Willians Ramón Batista, Briam Rosario, Justino Abreu, Manuel Castillo y Victoriano Aracena
Justicia24 de marzo de 2023 ventana
El Ministerio Público logró este viernes la imposición de ocho meses de prisión preventiva y que fuera declarado complejo el proceso seguido contra los miembros de una red de tráfico ilícito de migrantes que fueron arrestados el pasado 5 de marzo tras la puesta en marcha de la Operación La Ruta.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Sánchez Ramírez impuso la medida a Juan Agustín Batista, Willians Ramón Batista, Briam Rosario, Justino Abreu y a Manuel Castillo, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega, y a Felipe Sánchez, para cumplirla en la Fortaleza de Cotuí, en Sánchez Ramírez.
El tribunal también ordenó la prisión domiciliaria por el mismo tiempo a Victoriano Aracena por una condición de salud.
Los fiscales litigantes Ginna Matías y Francis Valerio, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Sánchez Ramírez, respectivamente, aportaron diferentes evidencias que fueron acogidas por la jueza Dorka Altagracia Vásquez Peguero para ordenar el envío a prisión de los imputados.
La PETT, conjuntamente con la Fiscalía de Sánchez Ramírez, en coordinación con la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (Deidem), desarticuló la red transnacional de criminalidad organizada.
El grupo, junto a Henri Reyes Muñoz (prófugo), encabezaban esta red criminal que utilizaba documentos de viajes falsificados para traficar migrantes por las rutas de Haití, Panamá, Colombia, México, Islas Vírgenes (Trinidad y Tobago) y Guatemala, teniendo como destino final el ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica.
Los integrantes de esta red realizaban cobros de montos ascendentes a 15,000.00 dólares por cada migrante.
Al ser arrestados en 12 allanamientos realizados en las provincias La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez y Santiago, a los imputados se les ocupó pasaportes visados fraudulentos de los diferentes países, vehículos, computadoras, celulares, armas de fuego y municiones que prueban su participación directa en esta estructura de criminalidad organizada.
Personas vinculadas a hechos delictivos utilizaban de manera frecuente los servicios de esta organización para salir del país y así evadir la persecución penal.
La titular PETT, Yoanna Bejarán, ha destacado en el proceso que la operación se inscribe dentro de las acciones que encamina el Ministerio Público contra la criminalidad organizada, bajo los lineamientos de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
La fiscal titular de la provincia Sánchez Ramírez, Juana Hernández, junto a los fiscales Gina Matías y Francis Valerio, participó en la operación que también contó con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim), la Dirección Central de Prevención, Operaciones Especiales, el Departamento de Inteligencia Sensitiva (DIS) y las demás Agencias de Investigaciones Especializadas de la Policía Nacional.
El Ministerio Público imputa a los arrestados, de manera provisional, la violación a lo establecido en los artículos 147, 150, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como también en el artículo 7, literal H, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La institución informó que ha respondido puntualmente a todas las solicitudes de la DGCP y de la Unidad Antifraude de la Contraloría, y que hará lo mismo con cualquier requerimiento de la Procuraduría General de la República
El artículo 52 establece que el límite de la pena aplicable en el concurso de infracciones muy graves, con penas de la misma naturaleza, no podrá ser superior a 60 años de prisión.
El Ministerio Público ha sustentado con más de 500 elementos probatorios la solicitud de prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción para diez militares y civiles vinculados a la red de corrupción desmantelada por esta operación.
La obra, iniciada en mayo de 2024, ya supera el 60% de ejecución y se proyecta su finalización para diciembre de este año, cumpliendo con el cronograma establecido.
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