En el transcurso de investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, a través de la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito (UICI), fueron incautados cerca de 5 mil unidades de bebidas alcohólicas adulteradas y productos vencidos durante un operativo en establecimientos comerciales de San Cristóbal.
Miembros de la UICI, que dirige la procuradora adjunta Isis de la Cruz, encabezaron el Operativo de Inspección en Comisión Mixta junto a integrantes de la Dirección de Inteligencia del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) del Ministerio de Defensa, quienes incautaron en total 4,956 unidades de los citados productos.
Durante las labores fueron inspeccionados varios establecimientos comerciales, entre ellos, Randy Comercial, donde fueron ocupadas mil trescientas cuarenta y siete (1,347) unidades de bebidas alcohólicas de diferentes marcas y tamaño, todas falsificadas y sin registro sanitario.
En ese mismo negocio también fueron ocupados cincuenta y dos (52) sacos con la cantidad de tres mil seiscientos nueve (3,609) productos de diferentes marcas, vencidos y contaminados, violentando la Ley General de Salud 42-01 y la Ley No. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.
Un informe con los detalles indica que fueron incautados 797 whiskys de 175 ml y de 350 ml, así como también 106 vinos 1700 ml, 92 vinos de 350 ml, 58 vinos de 3400 ml, 13 vinos de 350 ml, 188 rones doble de 700 ml y 31 rones triples de 700 ml, además de 17 botellas de otro ron de 700 ml.
Los productos vencidos y contaminados, quedaron bajo custodia de Proconsumidor, mientras que las bebidas alcohólicas retenidas fueron trasladadas bajo custodia militar de efectivos de la Dirección de Inteligencia, a la sede central del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías y entregados a la Sub-Dirección de Custodia Legal, Ceccom, para los fines correspondientes.
En los operativos también participaron miembros de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) y el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, conjuntamente con equipos técnicos del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), así como de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
