Lo que se supone que el presidente debe saber sobre la operatividad de SeNaSa

Después de transcurridas las tres cuartas partes de dos períodos de Gobierno, se supone que el presidente Luis Abinader (@luisabinader) debe saber que la naturaleza empresarial de SeNaSa (@ARSSeNaSaRD) —que es, pura y simplemente, una aseguradora de riesgos de salud (ARS), aunque sea propiedad del Estado— no es compatible con los mecanismos de control que se aplican en el sector público.
Por lo tanto, los riesgos de desfalco no podrían controlarse, en ningún caso, mediante la presencia de la Contraloría General de la República y mucho menos a través de un Consejo de Administración que, de acuerdo con una lógica elemental, puede trazar políticas, pero no controlar las operaciones rutinarias.
¿Se imaginan a SeNaSa aguardando a que cada pago de honorarios médicos, reembolso o adquisición de medicamentos tenga que someterse al proceso de aprobación de la Contraloría o de un Consejo de Administración? ¿Pueden ese tipo de controles someter la práctica médica y la libre elección del paciente al corsé de una licitación pública para el pago de honorarios o la adquisición de medicamentos? ¿Se le puede imponer a un facultativo qué tipo de prótesis utilizar, o prohibirle una determinada, porque su costo es superior al de otras? La respuesta a todas estas preguntas es no: el seguro cubre total o parcialmente un servicio o procedimiento, o simplemente no lo cubre.
Ustedes se preguntarán: ¿quién debe ejercer los controles? Conforme a lo que tengo entendido, el sistema de seguridad social cuenta con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) (@SISALRILRD), cuya supervisión habría permitido descubrir la trama, según se ha informado. De manera que no es cierto que el sistema carezca de supervisión, como erróneamente se le ha dicho al presidente. A esto se suma el papel que desempeñan los controles tecnológicos.
La versión que ofrece el expediente del Ministerio Público no sitúa las fallas de SeNaSa en la ausencia de controles, sino que las atribuye a un entramado defraudatorio que involucra a farmacias, médicos y personal de esa institución, quienes habrían creado expedientes falsos para cargar servicios a la cobertura de ciudadanos completamente ajenos a esas operaciones. En esencia, de eso se trató.
Los vicios señalados son los mismos contra los que luchan todos los sistemas de seguridad social. Ocurren en Estados Unidos y en otras partes del mundo, con la única salvedad de que allí no suelen alcanzar las dimensiones dantescas que, según se ha denunciado, habrían tenido en nuestro país, donde el nivel ejecutivo parece haberse convertido en un asaltante de caminos.
Pretender someter a SeNaSa a los controles gubernamentales propios de otras instituciones públicas equivaldría a asfixiarla empresarialmente, sacarla de circulación y, mientras eso ocurre, convertirla en una entidad inoperante.
Eso no puede —o, más bien, no debe— suceder. SeNaSa desempeña un papel estratégico en el sistema de seguridad social, porque su existencia actúa como contrapeso dentro de este, contribuye a disuadir al mercado de posibles prácticas oligopólicas y ofrece servicios tanto a la población más vulnerable como a los sectores de mayores recursos.
Espero que el Gobierno se siente a reflexionar sobre este tema. SeNaSa puede funcionar adecuadamente si el escándalo no nos lleva a improvisar «soluciones» que terminarían comprometiendo su existencia.
Ahí están el Banco de Reservas y la Refinería, empresas cien por ciento estatales cuyas operaciones se controlan bajo criterios similares a los de las entidades privadas, como debe ser. Ese mismo modelo tendría que aplicarse a SeNaSa: una entidad que debe ser supervisada y controlada, pura y simplemente, del mismo modo en que lo son las ARS privadas.
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