El Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso de revisión interpuesto por el Partido Demócrata Institucional (PDI), mediante el cual la organización política buscaba revertir una resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que lo excluyó de la distribución del financiamiento público destinado a las elecciones de 2024.
La decisión fue adoptada mediante la sentencia TC/0580/26, con la cual la Alta Corte rechazó el recurso de revisión constitucional presentado por el PDI en contra de una decisión previa del Tribunal Superior Electoral (TSE), que había declarado inadmisible, por falta de objeto, la impugnación contra la resolución de la JCE.
Al conocer el caso, el pleno del TC coincidió con el criterio sostenido por el TSE, al considerar que resultaba materialmente imposible retrotraer las actuaciones de la JCE para incluir al PDI en una distribución de recursos que ya había sido ejecutada y entregada al patrimonio de otros partidos y movimientos políticos.
El tribunal precisó que la asignación de la contribución económica del Estado constituye una partida presupuestaria que varía cada año, conforme a lo establecido en la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.
Voto salvado
La sentencia fue aprobada por mayoría. No obstante, el magistrado Miguel Valera Montero emitió un voto salvado, en el que, si bien coincidió con el rechazo del recurso, consideró necesario que el tribunal se pronunciara sobre el fondo de las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales alegadas, en lugar de limitarse a la falta de objeto. A su juicio, este tipo de situaciones, vinculadas a procesos electorales calendarizados, podría repetirse en el futuro entre las mismas partes sin posibilidad de revisión constitucional.
Origen del caso
De acuerdo con el expediente, la JCE había declarado extinta la personería jurídica del PDI mediante la Resolución núm. 70-2020, la cual fue restablecida en marzo de 2023.
Tras ese restablecimiento, el partido solicitó ser incluido en la distribución de los fondos públicos correspondientes a las organizaciones políticas: sin embargo, la Resolución núm. 6/2024 de la JCE no lo contempló entre los beneficiarios para ese año electoral.
Ante esa decisión, el PDI interpuso un recurso de reconsideración, que fue rechazado, y posteriormente un recurso de impugnación ante el TSE, alegando la violación de sus derechos a ser elegible, al debido proceso, a la igualdad y equidad, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica.
El TSE, no obstante, declaró inadmisible dicha impugnación por falta de objeto, señalando que, para el momento en que el partido presentó su recurso, ya la totalidad de los fondos correspondientes al financiamiento público de 2024 —más de cinco mil millones de pesos— habían sido desembolsados a las demás organizaciones políticas.
