Tribunal decide hoy si extingue la acción penal contra Jean Alain Rodríguez

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará a conocer este miércoles, a las 9:00 de la mañana, su fallo sobre la solicitud de extinción de la acción penal interpuesta por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el expediente por presunta corrupción administrativa denominado caso Medusa.

La decisión estará a cargo del tribunal presidido por la magistrada Claribel Nivar e integrado por las juezas Yisell Soto y Clara Castillo, quienes dejaron el expediente en estado de fallo tras escuchar las réplicas y conclusiones de la defensa técnica y de los representantes del Ministerio Público en una audiencia previa.

Los abogados de la defensa, Carlos Balcácer y Nelly Rivas, solicitaron formalmente declarar extinguida la acción penal y disponer el archivo definitivo del proceso penal. Sustentaron su petición en que el caso se encamina a cumplir seis años de tramitación, atribuyendo el retraso y la dilación procesal exclusivamente a la actuación de la representación fiscal.

Según la defensa, la fase de investigación duró casi dos años, con una prórroga de cuatro meses otorgada al órgano persecutor y una posterior intimación judicial para formalizar la acusación.

Añadieron que dos tribunales reconocieron previamente que estas demoras no son imputables al imputado, quien cumplió cuatro años bajo medida de coerción de privación de libertad, sino a la parte acusadora.

Como sustento jurídico, citaron jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional que fija en cuatro años el plazo razonable para el proceso penal, apoyándose además en la Ley 97-25, la cual establece que la ampliación de plazos solo aplica en supuestos de fuga, rebeldía o dilaciones justificadas de manera oportuna por resolución motivada.

Postura del Ministerio Público

En representación del órgano acusador, el director general de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirta Ortiz, solicitaron al tribunal rechazar en todas sus partes la solicitud de la defensa.

El Ministerio Público adujo que la figura de la extinción penal sanciona la inactividad o ineficiencia procesal de las partes y no aplica en causas complejas. Ortiz argumentó que las posposiciones registradas obedecen a licencias médicas, intervenciones quirúrgicas, pedimentos de las defensas y la propia carga laboral de los despachos judiciales, además de maniobras dilatorias que incluyeron la presentación de cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales asignados al expediente.

Asimismo, la representación fiscal invocó el criterio adoptado por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el proceso seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, donde fue desestimada una pretensión similar.