La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, realizó dos allanamientos en el marco de una investigación por presunto maltrato infantil, explotación laboral y una eventual situación de trata de personas, logrando rescatar a 14 menores de edad, incluidos infantes.
Uno de los operativos fue ejecutado en la Fundación “Restaurando Vida, Un Muerto que Revive”, ubicada en el sector Las Paredes, municipio de Haina.
En la intervención participaron agentes del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas, junto a representantes de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal, DEAMVI, Policía Preventiva, miembros de Investigaciones de San Cristóbal y otras unidades especializadas.
La investigación se inició el pasado 28 de agosto, luego de que un niño de 12 años se presentara en el destacamento policial de Hatillo, tras presuntamente escapar del lugar, donde habría permanecido junto a otros menores bajo el control de un hombre conocido como “El Pastor” o “El Capellán”.
De acuerdo con su relato, habría sido sometido a maltratos y obligado a realizar labores vinculadas a la construcción y la agricultura.
A partir de esta información, los investigadores realizaron las labores de inteligencia, verificación y levantamiento de evidencias correspondientes, logrando establecer de manera preliminar que el hombre señalado sería Ángel Gabriel Capellán, de 69 años, quien figura como pastor de la referida fundación.
Así mismo también más de 10 personas fueron detenidas para fines de investigación y puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará las acciones judiciales correspondientes conforme avance el proceso.
De acuerdo con las informaciones recabadas hasta el momento, la entidad intervenida tendría como finalidad brindar asistencia a familias en condiciones de vulnerabilidad y a personas huérfanas.
Asimismo, se ha establecido que algunas madres habrían entregado temporalmente a sus hijos debido a dificultades económicas, circunstancias que son objeto de investigación para determinar si se produjeron vulneraciones a los derechos de los menores.
Los niños, niñas y adolescentes rescatados permanecen bajo protección de las autoridades competentes, donde reciben las evaluaciones médicas, psicológicas y sociales correspondientes, con el propósito de garantizar su integridad y bienestar.
La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan profundizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los hechos, determinar posibles responsabilidades y establecer si se configuran infracciones penales, respetando en todo momento el debido proceso y la protección integral de los menores.
