El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, llamó al Congreso Nacional a habilitar un espacio de diálogo institucional con la Sociedad Dominicana de Diarios, medios de comunicación, gremios periodísticos, juristas y organizaciones de la sociedad civil, ante las preocupaciones expresadas sobre posibles efectos de determinadas disposiciones de la Ley núm. 74-25, Orgánica que instituye el Código Penal, en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, de cara a su entrada en vigencia prevista para el próximo 3 de agosto.
“Desde el Defensor del Pueblo abogamos por un diálogo sincero, constitucional y responsable, que permita proteger la libertad de expresión y, al mismo tiempo, garantizar la dignidad, la honra, la intimidad y el buen nombre de las personas. No se trata de debilitar la persecución penal frente a conductas lesivas, sino de asegurar que ninguna norma pueda ser interpretada de manera incompatible con los derechos fundamentales”, expresó Ulloa.
El Defensor del Pueblo recordó que el debate debe tomar en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, particularmente la sentencia TC/0075/16, así como la sentencia TC/1148/25, que reafirmó el carácter vinculante de ese precedente respecto de normas expulsadas del ordenamiento jurídico.
En ese sentido, sostuvo que el Congreso tiene la oportunidad de escuchar, precisar y armonizar cualquier aspecto necesario antes de que la aplicación práctica genere incertidumbre, litigiosidad o tensiones institucionales.
Ulloa valoró como una fortaleza que el país avance hacia la actualización de una legislación penal históricamente rezagada, con mejores herramientas frente al delito y una estructura normativa más acorde con los desafíos actuales.
Sin embargo, advirtió que el verdadero valor de una reforma penal no se mide solo por su aprobación, sino por su capacidad de convertirse en justicia efectiva para las víctimas, garantías reales para los ciudadanos, debido proceso para todos y reglas claras para quienes ejercen el periodismo, la opinión pública y la fiscalización democrática.
“El país no debe confundir reforma penal con justicia automática. Una ley puede representar un paso de avance, pero solo será una victoria ciudadana si el Estado tiene la capacidad de aplicarla bien, proteger a las víctimas, garantizar el debido proceso y evitar que la impunidad o el abuso sigan debilitando la confianza pública”, afirmó.
Finalmente, el Defensor del Pueblo expresó la disposición de la institución a contribuir como facilitador del diálogo y a impulsar espacios de pedagogía ciudadana e implementación institucional en Santo Domingo y Santiago, orientados a escuchar preocupaciones, orientar a la población y acompañar la comprensión del nuevo Código Penal desde la Constitución, la protección de las víctimas, las garantías procesales y el respeto a la dignidad humana.
“El país no necesita una justicia que grite más fuerte; necesita una justicia que funcione mejor. Esta debe ser una oportunidad para que el Estado se prepare, la ciudadanía conozca sus derechos y la justicia responda con firmeza, humanidad y responsabilidad”, concluyó.
