El Consejo de Defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez calificó como un “pasquín político” y un “adefesio jurídico” el octavo informe emitido por la organización Participación Ciudadana (PC) sobre el proceso penal que enfrenta su defendido.
Los abogados Carlos Balcácer, Nelys Rivas Cid, Gustavo de los Santos Colls y Albert Delgado denunciaron que el referido documento carece de rigor legal y busca imponer una “narrativa artificiosa” para presionar al sistema de justicia, en un momento en que el proceso se aproxima a los seis años de duración, superando el límite legal permitido.
La defensa técnica sostuvo que Participación Ciudadana actúa como un “grupo de choque” del Ministerio Público para congraciarse con el poder político. Según los juristas, esta postura tiene como fin asegurar que los directivos de la entidad continúen beneficiándose de designaciones gubernamentales.
En su declaración, los abogados citaron una lista de miembros y colaboradores de PC que han pasado a ocupar cargos de relevancia en el Estado, entre ellos Carlos Pimentel (Director de Compras y Contrataciones), Roberto Álvarez (Canciller de la República)., Juan Bolívar Díaz (Embajador en España), Miguel Ceara Hatton (Superintendente de Salud) y Francisco Álvarez, de quien señalaron que su oficina de abogados presuntamente recibió más de 40 millones de pesos por asesorías a la DGII durante la pandemia.
Debate sobre el plazo razonable
El equipo legal de Rodríguez enfatizó que el proceso ha excedido con creces los cuatro años establecidos como plazo máximo por el Artículo 150 del Código Procesal Penal. Acusaron a PC de intentar confundir a la opinión pública utilizando jurisprudencia desactualizada de hace más de 13 años.
“PC omite deliberadamente que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0538/25, estableció categóricamente que el plazo razonable constitucional se corresponde con el plazo máximo de 4 años fijado en el Código Procesal Penal”, afirmaron los defensores.
La defensa desmintió que Jean Alain Rodríguez haya utilizado tácticas dilatorias. Por el contrario, señalaron que el retraso es responsabilidad exclusiva del órgano acusador y de las incidencias del proceso,
Los juristas subrayaron que el exprocurador nunca ha faltado a una audiencia ni ha solicitado aplazamientos, hechos que, según afirman, constan en las actas judiciales y desestimarían por completo el informe de la organización no gubernamental.
