Las organizaciones ACDIONA RD, Fundación Primero Justicia y decenas de activistas cívicos se concentraron frente al Congreso Nacional para denunciar que el proyecto del nuevo Código Penal dominicano contempla una “ley mordaza”.
Según alertaron, la pieza legislativa busca blindar a la clase política y criminalizar la libertad de expresión con penas de prisión.
Una comisión de la Fundación Primero Justicia, encabezada por su presidente, Miguel Surun Hernández, junto a Carmen Julia Minaya, Andreina Montero y Oscar Amadis, depositó un documento en la Cámara de Diputados.
En la instancia exigen formalmente la derogación de los artículos 182, 208 y 310, demandando la eliminación definitiva del delito de difamación e injuria cuando se trate de funcionarios públicos.
Las polémicas penas y restricciones del proyecto
Los manifestantes señalaron que los artículos cuestionados imponen sanciones que califican de "irracionales" y desproporcionadas para los ciudadanos y los medios de comunicación:
Hasta 10 años de cárcel: Por presuntos delitos de opinión.
Hasta 5 años de cárcel (Artículo 208): Por la prohibición de publicar videos, audios y fotografías de funcionarios públicos y particulares sin su previo consentimiento, independientemente de que hayan sido tomadas en lugares públicos.
“Lo que se busca con este proyecto es blindar y librar a los políticos y funcionarios públicos de los cuestionamientos que en democracia le corresponden hacer a los ciudadanos y a la prensa. Es una ley de censura que pondría en peligro el rol de los medios de comunicación y de la población en general en el ejercicio cívico de generar opinión pública por las redes sociales”.
Violación a la Constitución y sentencias del TC
De acuerdo con las organizaciones civiles, las restricciones del nuevo Código Penal chocan de frente con el ordenamiento jurídico nacional, violando específicamente:
El Artículo 49 de la Constitución: Que consagra la Libertad de Expresión e Información, dictaminando que toda persona tiene derecho a expresar sus ideas por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional: El proyecto ignora la reciente sentencia TC/1148/25 y la histórica decisión TC/0075/16 (del 4 de abril de 2016), mediante las cuales el alto tribunal reiteró la prohibición de imponer penas de cárcel para los delitos de difamación e injuria.
Transgresión a pactos internacionales
El también presidente del Colegio de Abogados explicó que el proyecto de ley no solo es inconstitucional, sino que además vulnera múltiples compromisos internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción:
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Artículo 13)
Incumple los mandatos que obligan al Estado a garantizar el acceso eficaz del público a la información y a "respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción".
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 19)
Vulnera los numerales 1 y 2 de este tratado, los cuales establecen textualmente que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y que toda persona tiene derecho a difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras.
Los activistas advirtieron que se mantendrán vigilantes y en pie de lucha frente al Congreso Nacional para evitar que se apruebe una legislación que aseguran daría "licencia a los funcionarios para operar el manejo de la cosa pública sin cuestionamientos".
