¿Vale la pena ser abogado frente al poder del Estado?

La configuración actual del Consejo Nacional de la Magistratura es el primer escollo. Observamos una incidencia del Poder Ejecutivo tan determinante que se percibe como la "superioridad hecha persona"; un espacio donde la contradicción brilla por su ausencia.
Opinión05/02/2026 22:35 Jaime Caonabo Terrero
Jaime-Terrero

Ejercer la profesión de abogado en la República Dominicana se ha convertido en un ejercicio de resistencia, especialmente cuando el adversario en el estrado es el Estado. La pregunta surge casi por instinto: ¿Realmente vale la pena el esfuerzo cuando la balanza parece estar inclinada de antemano?

La configuración actual del Consejo Nacional de la Magistratura es el primer escollo. Observamos una incidencia del Poder Ejecutivo tan determinante que se percibe como la "superioridad hecha persona"; un espacio donde la contradicción brilla por su ausencia. Esta dinámica proyecta una sombra sobre la independencia judicial.

Hoy, muchos jueces parecen actuar bajo el peso de esos "quince minutos de fama" o, peor aún, bajo el temor de contrariar vínculos que, aunque no sean afectivos, dictan el rumbo de sus carreras. Es una versión moderna de la alegoría de la caverna de Platón: jueces que prefieren las sombras de la complacencia antes que enfrentar la luz de una justicia imparcial que podría traerles consecuencias.

El laberinto procesal
Hubo una época de optimismo. Se pensó que la implementación del Código Procesal Penal, al sustituir al viejo Código de Procedimiento Criminal, marcaría un antes y un después. Sin embargo, la realidad nos ha devuelto una burocracia asfixiante. Lo que antes era celeridad, hoy son cinco etapas burocráticas que prolongan innecesariamente la permanencia de los hombres en las cárceles, suspendidos en el tiempo y el espacio por un sistema que no camina.

La Inteligencia Artificial: Una salida al colapso
Ante este panorama, la innovación no es una opción, sino una urgencia. Soy de la opinión de que debemos integrar la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta fundamental, específicamente para conocer las audiencias de medidas de coerción. La automatización y el apoyo tecnológico en estas fases iniciales ahorrarían tiempo valioso y reducirían drásticamente los costos operativos del sistema de justicia, permitiendo que el recurso humano se enfoque en la esencia del derecho.

La crisis de la interpretación
Finalmente, nos enfrentamos a una contradicción académica y práctica. ¿De qué sirve el estudio profundo de la Constitución, las sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, si en cada provincia operan "jueces de la luz"? Magistrados que interpretan y justifican las actuaciones de otros operadores del sistema bajo criterios aislados de la doctrina superior.

Esta realidad es un llamado de alerta. No basta con reformar las leyes; es imperativo replantear los instrumentos jurídicos y, sobre todo, transformar la cultura judicial que los aplica. Solo así, el ejercicio de la abogacía dejará de ser una lucha contra un gigante y volverá a ser el noble servicio a la justicia que la sociedad merece.

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